Ni en sus peores pesadillas habría imaginado José Luis Ábalos —exministro de Transportes y peso pesado del PSOE— verse citado como investigado por la Fiscalía de Perú.
El motivo: la supuesta apropiación de un imponente inmueble de 900 metros cuadrados en la ciudad costera de Chimbote, levantado con dinero público español destinado a proyectos benéficos. El asunto ha desatado una tormenta mediática y política que traspasa fronteras y amenaza con añadir más leña al ya abrasador fuego judicial que rodea al veterano dirigente socialista.
La historia, digna de un thriller político con tintes surrealistas, arranca en los años noventa, cuando Ábalos impulsó la ONG Fiadelso para canalizar subvenciones desde administraciones españolas —varias bajo control del PSOE— a iniciativas sociales en Perú y Colombia. El proyecto estrella fue un edificio multifuncional en Chimbote, financiado con unos 150.000 euros procedentes del Ministerio de Exteriores, la Junta de Castilla-La Mancha (bajo José Bono), la Diputación de Valencia y ayuntamientos socialistas como Santa Pola y Liria. En total, la ONG llegó a movilizar más de 2,3 millones de euros en el país andino, aunque el inmueble que ahora copa titulares es el que ha terminado bajo la lupa judicial.
De proyecto benéfico a propiedad privada
Lo que debía ser una sede social para trabajadores marítimos acabó inscrito, por “razones administrativas”, a nombre del propio Ábalos y del empresario valenciano Manuel Valls Ferrer (ya fallecido). La ONG carecía entonces de personalidad jurídica en Perú. La promesa era cederlo “en cuanto fuese posible” a Fiadelso, algo que nunca ocurrió. Con el paso de los años, el inmueble no solo permaneció cerrado y sin uso social relevante, sino que incluso se intentó vender por 1,2 millones de euros. Todo ello mientras el exministro omitía sistemáticamente declarar la propiedad en sus declaraciones de bienes ante el Congreso español, pese a estar legalmente obligado.
El edificio está repartido en dos plantas y su ubicación no podía ser más apetecible: muy cerca de la paradisíaca Isla Blanca, lo que no ha pasado desapercibido para los medios peruanos y españoles. En 2019, tras convertirse en ministro, Ábalos autorizó desde el Consulado peruano en Madrid a una colaboradora suya —Jenifer Balta Cueva— a gestionar el inmueble y desalojar a los ocupantes originales. Un episodio que ha reavivado las sospechas sobre la verdadera intención detrás del registro del bien.
El PSOE y las subvenciones: la sombra alargada
El caso no solo salpica a Ábalos como figura individual. La financiación revela una red de apoyos institucionales: ayuntamientos socialistas como Torrent (cuyo entonces alcalde Jesús Ros sigue hoy en la cúpula regional del partido), diputaciones provinciales y gobiernos autonómicos participaron activamente en el flujo de fondos hacia Fiadelso. El rastro documental muestra decenas de pagos —algunos superiores a los 20.000 euros— desde administraciones controladas por el PSOE durante casi una década.
Curiosamente, parte del dinero también llegó desde instituciones gobernadas por el PP; pero la gestión siempre quedó bajo control de la fundación creada y presidida por Ábalos hasta su disolución. Esto añade una dimensión extra al debate sobre el control y supervisión del destino final de las subvenciones públicas internacionales.
Consecuencias políticas y jurídicas
La citación judicial emitida por la fiscal Angélica Benites Molina abre un capítulo inédito para un exministro español: responder ante tribunales extranjeros por presunta falsedad ideológica y fraude procesal, delitos que pueden acarrear hasta seis años de prisión en Perú. A ello se suma la investigación paralela en España por corrupción ligada al caso Koldo, lo que deja a Ábalos ante un horizonte judicial ciertamente complicado.
En clave política, el escándalo supone otro golpe para un PSOE ya tensionado por las causas abiertas contra varios ex altos cargos. La actual dirección socialista guarda silencio mientras alcaldes populares —como Amparo Folgado en Torrent— exigen explicaciones públicas sobre el uso final del dinero municipal exportado a América Latina para fines teóricamente solidarios.
Curiosidades y detalles sorprendentes
- El inmueble está registrado con el número 33.440 en la Oficina Registral de Chavín (Chimbote) y fue utilizado durante años por una asociación local antes del intento de desalojo promovido desde España.
- Las autoridades municipales peruanas llegaron a homenajear a Ábalos entregándole las llaves de Chimbote y una estatuilla del Tigre de Áncash —máximas distinciones locales— por su “compromiso social”.
- El valor actual estimado del inmueble multiplica casi por diez la inversión inicial pública.
- El caso ha destapado otros pagos opacos realizados desde empresas vinculadas al entorno socialista español hacia América Latina bajo conceptos tan etéreos como “cooperación internacional” o “saneamiento básico”.
A día de hoy, el casoplón sigue cerrado y sin función social alguna. Y lo cierto es que ni los mejores guionistas políticos habrían imaginado que un programa solidario acabaría convertido en una pesadilla judicial internacional para uno de los hombres fuertes del sanchismo.
