Semana movida en el territorio político.
El asesinato de Charlie Kirk, activista conservador cercano a Donald Trump, ha abierto un debate sobre la radicalización, la seguridad de los oradores y la impunidad de la violencia ideológica. Si bien las investigaciones apuntan a un tirador detenido y bajo custodia, no se puede obviar que los ecos de esta tragedia se sienten también en Europa; ¿qué ocurriría si algo similar pasase aquí?
Por otro lado, el batacazo parlamentario de la reducción de la jornada laboral —la propuesta de pasar de 40 a 37,5 horas semanales— supone no solo una derrota para Yolanda Díaz, sino una advertencia clara de los límites reales de este Gobierno. PP, Vox y Junts rechazaron la iniciativa, demostrando que no hay mayoría ni consenso suficiente para imposiciones laborales que encarecen costes, afectan competitividad y ponen en jaque modelos productivos ya de por sí exigidos. La utopía de una reducción general sin consecuencias palpables para salarios, empleo y carga empresarial se estrella contra la realidad del Congreso.
También, el caso Begoña Gómez, en su cuarta comparecencia ante el juez Peinado, evidencia un enredo institucional peligroso para la credibilidad del Ejecutivo. Gómez admite que su asesora le hizo algún “favor” en “ocasiones excepcionales”, como enviar un correo a una empresa patrocinadora de una cátedra que ella codirige. Al mismo tiempo, la orden judicial de volcar todos sus correos desde 2018 provoca el rechazo de la Fiscalía, que la considera desproporcionada y atentatoria contra derechos básicos. Este caso pone sobre la mesa preguntas de ética, responsabilidad política y la necesidad urgente de delimitar claramente lo público de lo privado.
Para analizar estas y otras cuestiones, Rebeca Crespo pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Frontera’.
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