Mi nombre es Alfonso Rojo.
Soy periodista desde hace más de medio siglo y no conozco otra profesión más apasionante y divertida que esta.
He trabajado como reportero, saltando de un lugar a otro del Planeta Tierra, para cubrir guerras y desastres causados casi siempre por la estupidez humana, durante 30 años.
Tres décadas en las que he publicado artículos en The Guardian, Observer, Libération, Corriere della Sera y otros medios internacionales, pero esencialmente en periódicos españoles como Diario 16 y El Mundo, rotativo del que fui adjunto al director 16 años.
Y desde hace veinte años, impulso, dirijo y oriento Periodista Digital en internet.
Nuestro lema, si tuviéramos uno, es llevar algo de alivio al débil y cierta intranquilidad al poderoso, esté metido en La Moncloa, en el Ibex 35 o en el Vaticano.
Nuestro periodismo no tiene sesgos comerciales y no está influenciado por multimillonarios, gobiernos, políticos o anunciantes caprichosos. Nadie edita a nuestro editor. Que soy yo.
Nadie dirige nuestra opinión. Somos libres y nadie nos condiciona.
Esto es importante, ya que nos permite dar voz a los menos escuchados, desafiar a los mandamases y exigir cuentas a los que se creen con derecho a mangonear nuestras vidas.
Y nunca, desde que empecé como becario en 1976, he visto la libertad de prensa tan amenazada, la censura tan agresiva y el periodismo español tan depauperado.
Hace seis días, compareció en el Congreso español, ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, el periodista David Alandete.
Ante diputados y senadores, Alandete explicó que Sánchez le llamó a gritos para cambiar titulares cuando era director adjunto de El País y que el Gobierno socialista —en concreto, tres ministros— le han tildado públicamente de “traidor” y “antipatriota”, por hacer dos preguntas al presidente Trump.
Una sobre el gasto militar español y la OTAN, y otra sobre la negativa del Gobierno Sánchez a permitir el atraque de buques estadounidenses con destino a Israel.
Sólo por eso, ha sido insultado desde las más altas instancias políticas y han intentado intimidarle.
Lo sucedido con Alandete es sólo un botón de muestra de lo que ocurre cada día en España y un pálido reflejo de lo que padecemos desde hace mucho tiempo los medios y los periodistas que no somos adictos al régimen y no vivimos de las subvenciones públicas.
Nosotros, como periodistas, no tenemos un derecho especial, diferente.
Somos administradores colectivos del derecho que tiene la ciudadanía a estar informada; a saber qué sucede y a enterarse de en qué se gastan sus impuestos quienes nos gobiernan.
Pues bien, ni nosotros ni ninguno de los medios que denuncian o investigan la corrupción —por la que el secretario de Organización del PSOE está en prisión y por la que siguen imputados o son juzgados la mujer del presidente, su hermano, su fiscal general, sus asesores más cercanos y otros miembros de su entorno— hemos podido preguntar una sola vez en 7 años en la rueda de prensa que semanalmente se celebra en el Palacio de La Moncloa, al término del Consejo de Ministros.
No sería grave si a eso no se sumara que tampoco podemos hacerlo en el Congreso de los Diputados, cuando comparecen el portavoz socialista o los de los partidos que le dan respaldo y cobertura.
Publicar que la familia política de Sánchez hizo su fortuna con saunas gay y clubs de alterne y que el actual presidente se ha beneficiado de ello te condena automáticamente al ostracismo y te cierra toda financiación.
Y no se puede olvidar que en la España actual el primer y más importante anunciante publicitario es el Gobierno.
Y ahora, al tema concreto que nos ha traído al Parlamento Europeo y por el que enviamos un escrito a esta Comisión de Peticiones.
No contentos con negarnos la palabra, ahora pretenden expulsarnos de las instituciones y matarnos profesionalmente.
No hablo hoy solo en mi nombre. Hablo en el de cientos de periodistas y profesionales de la información, muchos de los cuales no están vinculados a una gran empresa ni a un grupo político.
Algunos firmamos un manifiesto conjunto —el que les enviamos a ustedes—; otros nos respaldan con su silencio, porque el miedo también pesa. Pero todos compartimos una misma convicción: la libertad de prensa está siendo atacada en España por quienes deberían garantizarla.
No se trata de acciones aisladas ni de tropelías puntuales. Hablamos de una estrategia sostenida en el tiempo que se ha articulado en varios niveles: en el discurso público, señalando con nombres y apellidos a periodistas; en la estructura institucional, usando al Gobierno como instrumento de control; en el asalto descarado a los medios públicos como sucede con RTVE, RNE, Agencia EFE y afines; y en el ámbito parlamentario.
La penúltima cacicada —y digo penúltima porque a estas horas habrá otra en marcha— es la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
No satisfechos con no darnos nunca la posibilidad de preguntar, acaban de aprobar un texto por el que la Mesa del Congreso —con mayoría oficialista— decidirá quién es periodista y quién no, y quién puede informar desde la Cámara.
En España, en este momento, son políticos quienes evalúan si un profesional de la información “cumple los criterios”. Criterios que ignoramos y ni siquiera se definen.
Es decir, se otorga poder a un órgano parlamentario para vetar la presencia de medios en función de lo que publican u opinan.
Esto no es una cuestión menor ni una reorganización técnica, como ha dicho el representante de la Comisión. Es un intento directo de establecer la censura previa, prohibida expresamente por el artículo 20 de la Constitución Española.
Se trata de una vulneración palmaria del artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que consagra el derecho a recibir y difundir información sin injerencias.
Y es una amenaza para todo el periodismo, pero sobre todo para el periodismo incómodo, que es el único verdaderamente necesario en democracia.
Alegan que busca profesionalizar el acceso a la Cámara, pero ¿quién determina quién es un profesional legítimo? ¿Un gobierno? ¿Una mesa parlamentaria con mayoría coyuntural? ¿Con qué garantías? ¿Y qué pasa si esa misma mordaza se aplica mañana a asociaciones, ONGs o ciudadanos críticos?
Las maniobras del poder para limitar la información libre no se frenan solas. Necesitan un contrapeso. Y ese contrapeso está aquí, en instituciones como este Parlamento, cuyo mandato es velar por que ningún Estado miembro vulnere los derechos que nos definen como europeos.
Comparezco hoy aquí no para pedir privilegios para nadie.
No defendemos un medio, ni una ideología, ni un estilo periodístico concreto. Defendemos que todos, también los periodistas que molestan, tengan el derecho a informar.
¡MUCHAS GRACIAS!
Si se permite que el poder filtre quién puede entrar al Parlamento y quién no, abrimos la puerta a que se normalice el control político de la prensa en toda Europa. Les pedimos que no miren hacia otro lado.
Que activen los mecanismos necesarios para frenar este atropello. Que exijan explicaciones. Y que nos ayuden a proteger el derecho de los ciudadanos europeos a estar informados libremente, sin filtros, sin castigos y sin silencios impuestos.
Esto es mucho más importante que el ‘rendimiento energético de edificios’, que el ‘reglamento sobre almacenamiento de gas’ o la regulación de las ‘inversiones extranjeras’ en la UE.
Esto va de libertad y democracia.
Muchas gracias.
