Vox ha llevado el asunto del accidente de Adamuz hasta el Parlamento Europeo, poniendo al Gobierno en una posición comprometida. El trágico descarrilamiento del tren en Córdoba, ocurrido el 18 de enero, dejó un saldo de 46 fallecidos. Ahora, Bruselas ha confirmado que existen riesgos en la utilización de fondos europeos para la renovación de esas vías deterioradas.
La Comisión Europea ha respondido por escrito a Jorge Buxadé, líder de la delegación de Vox en Europa. Reconocen que están siguiendo con atención las investigaciones relacionadas con el caso Koldo. En caso de detectar controles inadecuados o irregularidades, se procederá a suspender los fondos o incluso a recuperarlos. Esta respuesta surge a raíz de una consulta formal realizada por Vox acerca de la línea Madrid-Sevilla, que recibió hasta 111 millones de euros.
En su denuncia oficial presentada en el Parlamento Europeo, Vox señala deficiencias en las adjudicaciones, supervisión y contratos. Acusan manipulación no autorizada de materiales tras el accidente y exigen la dimisión de Óscar Puente, ministro de Transportes, y Luis Pedro Marco, presidente de Adif.
Antecedentes del caos
El siniestro en Adamuz reveló que las vías no habían sido renovadas adecuadamente, a pesar de los fondos europeos recibidos. Un informe emitido en 2023 ya calificaba la línea como obsoleta. Vox vincula esta situación con el caso Koldo, relacionado con las mascarillas durante la pandemia, sugiriendo que hay empresarios cercanos al PSOE involucrados.
- Cronología relevante:
- 18 enero 2026: El descarrilamiento causa la muerte de 46 personas.
- Febrero: Vox denuncia negligencia por parte de Puente.
- Marzo: La retirada de materiales sin orden judicial genera dudas.
- 17 marzo: Bruselas responde a Buxadé, reconociendo los riesgos.
Además, Vox se presenta ante los juzgados como acusación popular. Solicitan una pieza separada debido a la retirada de pruebas y critican la falta de transparencia del Gobierno y los controles antifraude deficientes.
El Gobierno ha arremetido contra Vox, acusándolos de politizar una tragedia. Sin embargo, Bruselas ha dejado claro que España debe tomar medidas para prevenir irregularidades. La responsabilidad recae sobre Pedro Sánchez.
¿Qué sigue ahora?
La Comisión está bajo la supervisión directa de Raffaele Fitto, vicepresidente encargado de Cohesión. Si se confirma un mal uso, se procederá a cortar los fondos. España ya había recibido advertencias sobre otros programas financieros, como los relacionados con Zonas de Bajas Emisiones.
En cuanto a Vox, no tienen intención de frenar su actividad ni en Europa ni en España. Exigen responsabilidades políticas inmediatas y aseguran que no se trata solo de un error aislado, es otro escándalo del Gobierno.
La presión aumenta. Si Bruselas decide actuar, el Gobierno podría perder millones cruciales para las infraestructuras del país. Las víctimas reclaman justicia mientras el clima político se calienta en torno al asunto del desastre en Adamuz.
Posibles desenlaces
- Suspensión inmediata si las pruebas judiciales demuestran fraudes.
- Recuperación total de los 111 millones si se detectan fallos en los controles.
- Mayor presión política: el PP demanda un tono más firme; mientras que desde Vox, piden dimisiones completas.
Por su parte, Sánchez defiende su gestión ante las críticas, pero el escrutinio europeo se intensifica. El caso de Adamuz, que comenzó como una tragedia local, se transforma ahora en una crisis relacionada con fondos europeos en Bruselas. Todo dependerá del resultado de las investigaciones actuales.
