Antonio Naranjo titula hoy su columna en El Debate del 15 de abril de 2026: “¿Por qué Sánchez nacionaliza a lo loco a ilegales?«.
La idea central del autor es que el Gobierno está acelerando la nacionalización de inmigrantes irregulares no por razones humanitarias, sino con el fin de manipular el censo electoral en su beneficio.
Naranjo comienza comentando la velocidad vertiginosa con la que se están implementando estas políticas.
“El Gobierno de Sánchez ha puesto el turbo para nacionalizar inmigrantes irregulares”, señala, resaltando cómo iniciativas como la regularización de hasta 500.000 ilegales –anunciada en febrero de 2026– y la Ley de Memoria Democrática podrían sumar tres millones de nuevos votantes en un periodo relativamente corto.
De acuerdo con estimaciones realizadas por la Policía y Funcas, el número real de beneficiarios podría superar las cifras oficiales, alcanzando potencialmente 1,25 millones solo por regularizaciones, muchos de ellos iberoamericanos que cumplen los requisitos para obtener la nacionalidad tras dos años.
El autor ahonda en las implicaciones electorales.
Cita textualmente: “No queda más remedio que preguntarse si todo esto responde a un plan convenientemente diseñado para modificar el censo electoral español y atraer hacia esos sectores los grupos de votantes que compensen la huida de cientos de miles de ciudadanos cansados de discursos vacíos”. Esta afirmación esencial se relaciona con antecedentes como el control sobre instituciones clave: RTVE, CIS, Correos, Telefónica, Indra o el Tribunal Constitucional, todas ellas influyentes en la opinión pública y en el conteo electoral.
Preocupaciones por un control absoluto
Naranjo advierte sobre esta estrategia global. “Una tentación que ya tiene precedentes en el control férreo de RTVE, el CIS, Correos, Telefónica, Indra o el Tribunal Constitucional, todos ellos cruciales para conformar un estado de opinión y, en cierto modo, para el propio recuento electoral”, afirma textualmente. Tanto Vox como el PP han rechazado contundentemente estas regularizaciones masivas, aprobadas mediante real decreto sin pasar por el Congreso, evitando así debates y acelerando su implementación.
- Regularización extraordinaria: Se requiere acreditar cinco meses de estancia hasta diciembre 2025, sin necesidad de contrato laboral.
- Ley de nietos: Se han presentado 2,3 millones de solicitudes, con ya 500.000 aprobadas, sumándose al CERA (voto exterior).
- Nacionalizaciones récord: Pasaron de 90.774 en 2018 a 252.476 en 2024, con proyecciones que apuntan a un millón adicional para 2027.
El texto concluye con una advertencia literal: “Si juntamos ahora ese impulso desmedido por controlar todo esto con la intención de conceder nacionalizaciones masivas ya y con la posibilidad de aumentarlas mañana con los regularizados hoy, deben sonar todas las alarmas: Sánchez siempre hace cuentas en beneficio propio y es evidente el lucro personal que puede buscar en un grupo que va desde medio millón ahora hasta tal vez dos millones dentro no demasiado tiempo. Con Sánchez las casualidades no existen; todo lo que parece tener una razón tiene una razón”. Así se presenta una España donde el mapa electoral podría transformarse por estas políticas, generando ecos del rechazo parlamentario.
Estas dinámicas tensionan un debate sobre soberanía y cohesión social mientras el Gobierno defiende su enfoque hacia la integración y los derechos humanos.
