Hay un detalle en este asunto que conviene subrayar antes que cualquier otro: el borrador de la nueva ley que regula el derecho de rectificación apareció entre la documentación que la UCO confiscó a Leire Díez, la fontanera del PSOE investigada por la trama de presiones a jueces, fiscales y guardias civiles. No apareció en una rueda de prensa de Moncloa. Apareció en un registro policial dentro de una investigación criminal.
Que un proyecto legislativo que afecta directamente a la libertad de prensa estuviera circulando en los círculos de la cloaca del PSOE antes de su tramitación oficial dice mucho sobre la naturaleza real de esta norma. No es una casualidad de archivo. Es una pista sobre quién estaba diseñando esto y con qué objetivo.
De la libreta de Leire al Consejo de Ministros
El borrador intervenido contenía artículos de un proyecto para reformar el derecho de rectificación que afectaba directamente a medios digitales y creadores de contenido. Esa misma esencia, prácticamente intacta, ha sido aprobada en segunda vuelta por el Consejo de Ministros y enviada al Congreso de los Diputados bajo el nombre de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, sustituyendo a la norma vigente desde 1984 y enmarcada en el llamado Plan de Acción por la Democracia del Gobierno de Sánchez.
El nombre es, como suele ocurrir con este Gobierno, irónico hasta la incomodidad. Un plan que lleva la palabra «democracia» en su título y que nace de un borrador encontrado en la documentación de una trama que la UCO investiga por presunta organización criminal.
Lo que la ley cambia: más poder para el Gobierno, más cargas para la prensa
La nueva norma amplía su ámbito a la prensa tradicional, los medios digitales, las plataformas online y, en una categoría especialmente diseñada, a los «sujetos de especial relevancia»: cualquier influencer o creador con más de 100.000 seguidores en una red social o más de 200.000 entre varias.
Las obligaciones que impone son considerables. Inclusión obligatoria de un enlace a la información original con relevancia similar a la noticia rectificada, lo que en la práctica significa que un medio puede verse forzado a destacar en su portada una rectificación con el mismo peso visual que tuvo la noticia original. Mecanismos visibles, gratuitos y accesibles para solicitar rectificaciones, sin las barreras procesales que antes existían. Plazos ampliados para ejercer el derecho.
Pero el cambio más preocupante, el que verdaderamente debería encender todas las alarmas, es otro: la ley permite que las rectificaciones incluyan opiniones y valoraciones, no solo correcciones de hechos. Hasta ahora, el derecho de rectificación se limitaba estrictamente a corregir datos objetivamente erróneos. Con la nueva norma, quien solicita la rectificación puede introducir su interpretación, su narrativa, su versión de los hechos, y el medio está obligado a publicarla con un enlace destacado.
Eso no es corregir errores. Eso es obligar a los medios a convertirse en altavoces de la narrativa de quien tiene poder para reclamarla.
La excusa de los «bulos» y la coartada perfecta
El Gobierno presenta esta reforma como una herramienta contra la desinformación, dirigida a «desinformadores habituales» y «personas dedicadas al bulo diariamente». El lenguaje es deliberadamente impreciso, y esa imprecisión no es un descuido. Es la herramienta.
Conceptos como «bulo» o «información inexacta» carecen de una definición jurídica sólida y dejan en manos de quien interpreta la norma, en última instancia, el propio Gobierno y los órganos que controla, la decisión sobre qué información merece ser corregida y qué relato alternativo debe imponerse en su lugar.
La experiencia internacional es clara sobre qué funciona realmente contra la desinformación: unidades de verificación independientes, transparencia algorítmica de las plataformas, alfabetización mediática. Y es igualmente clara sobre qué no funciona y resulta peligroso: otorgar al Gobierno de turno poder decisorio sobre qué es verdad. La nueva ley española elige exactamente ese segundo camino, centralizando poder en el Ejecutivo mientras se presenta como garantista.
El Congreso como segundo frente: sancionar al periodista incómodo
Esta ley no llega sola. La reforma del Reglamento del Congreso habilita sanciones contra periodistas por conductas consideradas «inaceptables», a través de un nuevo Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria con potestad para proponer sanciones. La decisión final recae en la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol con Patxi López entre sus figuras destacadas, que tendría la última palabra sobre retiradas temporales o definitivas de acreditaciones de prensa.
Es difícil no ver la secuencia completa: una ley que obliga a los medios a publicar las narrativas de quienes reclaman rectificación, y un reglamento parlamentario que permite expulsar del Congreso a los periodistas cuyo trabajo resulte incómodo. Dos mecanismos que, combinados, dibujan un cerco cada vez más estrecho alrededor de la prensa crítica.
Desde el oficialismo se presenta como una medida de «orden y convivencia». Para la mayoría de los profesionales del periodismo, es el ensayo general de una censura institucional con apariencia procedimental.
La Brunete Pedrete como cómplice necesaria
Ninguna estrategia censora funciona sin un ecosistema mediático que la respalde o que, al menos, no la denuncie con la fuerza necesaria. Ahí entra en juego lo que se ha denominado la Brunete Pedrete periodística: el entramado de medios y periodistas alineados con Moncloa cuya crítica hacia estas reformas ha sido notablemente más tibia que la que aplican sistemáticamente a cualquier medida del PP o de VOX.
La utilización desproporcionada de la palabra «bulo» para descalificar informaciones incómodas antes incluso de que sean contrastadas, la existencia de nodos comunicativos que actúan como correa de transmisión del mensaje gubernamental, y el tratamiento asimétrico entre medios críticos y medios afines configuran un ecosistema donde la nueva ley no encuentra el contrapeso mediático que debería tener en una democracia sana.
El cuadro completo: censura con vocación de permanencia
Repasemos la secuencia. Un borrador de ley que restringe la libertad de prensa aparece en la documentación de una trama investigada por organización criminal. Ese borrador se convierte, casi sin cambios, en ley aprobada por el Consejo de Ministros. El Congreso se dota simultáneamente de herramientas para sancionar y expulsar a periodistas incómodos. Y un sector mediático afín está dispuesto a no hacer demasiado ruido al respecto.
Esto no es la reacción improvisada de un Gobierno acorralado por los escándalos. Es un plan con vocación de permanencia, diseñado con tiempo, que combina instrumentos legales, parlamentarios y mediáticos para reducir progresivamente el espacio de la prensa crítica.
La pregunta que España debería hacerse no es si existe desinformación, que existe y es un problema real. La pregunta es por qué la solución que el Gobierno de Sánchez ha elegido es, sistemáticamente, la que más poder le otorga a él mismo para decidir qué se publica y cómo se corrige.
Y por qué ese plan apareció primero en la libreta de una fontanera investigada por la UCO.
