La legislatura se está convirtiendo en un campo de batalla de ultimátums para Pedro Sánchez.
Y el último viene. Junts per Catalunya ha decidido pasar de las palabras a los hechos y ha llevado al Congreso de los Diputados una propuesta formal solicitando el adelanto de las elecciones generales.
Este movimiento representa un nuevo escalón en la presión ejercida sobre La Moncloa, tal como se relata en una crónica de 20 Minutos que destaca cómo Junts “da un paso más en la presión a Sánchez y lleva al Congreso la exigencia de adelantar las elecciones”.
La estrategia tiene tanto peso simbólico como consecuencias en el ámbito parlamentario. Aunque no obliga legalmente al Ejecutivo, sitúa el debate en el epicentro de la Cámara y fuerza a los demás grupos a posicionarse: apoyan la idea de acortar la legislatura o se alinean con el presidente.
Qué ha presentado Junts y por qué ahora
De acuerdo con la información que circula y recoge aquí 20 Minutos, Junts ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso que insta al Gobierno a convocar elecciones generales anticipadas, en un momento marcado por el desgaste político del Ejecutivo y el distanciamiento creciente de algunos aliados. Esta iniciativa se suma a lo que ha expresado repetidamente la portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, quien ya había manifestado que su formación “no espera nada más” de Sánchez que la convocatoria de elecciones anticipadas.
Este movimiento llega tras la decisión de Junts de no apoyar una moción de censura junto al PP y Vox, subrayando que “no estamos aquí para poner y sacar gobiernos”, pero sí para demandar que el presidente utilice “el botón” de las urnas. En otras palabras, Junts evita asociarse con la derecha, pero deja claro que considera agotada la etapa del actual Gobierno y prefiere que esta legislatura concluya antes del 2027.
A su vez, partidos como el PNV también han solicitado un adelanto electoral, mientras desde la oposición, el PP presiona para que estas demandas lleguen directamente a Sánchez. El bloque de apoyos que facilitó la investidura en 2023 se ha visto debilitado, y la PNL presentada por Junts refleja este cambio en el clima político.
La posición del Gobierno y el marco legal
Frente a este pulso político, desde La Moncloa se mantiene un mensaje claro: no hay intención de adelantar las elecciones. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha reiterado en las últimas semanas su voluntad de agotar la legislatura hasta 2027, pese a las voces internas y externas que piden un cambio en el calendario. Sánchez ya ha dejado claro en el Congreso: las elecciones generales se celebrarán cuando corresponde, salvo que lo dictaminen la Constitución y los números parlamentarios.
Desde una perspectiva jurídica, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece claramente que el presidente puede disolver las Cortes y convocar elecciones casi en cualquier momento, siempre que no esté vigente una moción de censura y haya transcurrido al menos un año desde la última disolución. No hay meses “inhábiles”: agosto es igualmente válido como mes electoral, tal como quedó demostrado el 23 de julio de 2023. Así pues, la PNL presentada por Junts:
- No es vinculante para el Gobierno.
- Sirve para establecer una posición política y forzar un debate en el Pleno.
- Apunta hacia lo único relevante: el Consejo de Ministros encargado de firmar la disolución.
En esencia, este choque es más político que jurídico: Junts busca aumentar los costes asociados a continuar hasta 2027 mientras que el Gobierno intenta demostrar que aún posee energía legislativa y social.
