En una tertulia de madrugada, mientras se debate sobre corrupción o inmigración, alguien en algún despacho de La Moncloa está transcribiendo cada intervención, catalogando el tono y calculando el impacto político de lo que se dice.
No es una imagen literaria: distintos contratos públicos, localizados por varios medios en los últimos meses, confirman que la Presidencia del Gobierno mantiene servicios externos de alerta y seguimiento de radio y televisión que deben avisar «en los minutos siguientes» a cada mención, con textos explicativos y cortes de vídeo o audio en un máximo de cinco minutos. No se trata de vigilar al ciudadano anónimo, sino al relato: quién lo construye, cómo se difunde y qué recorrido tiene en platós, radios y redes.
El seguimiento que convierte cada tertulia en materia prima
Los pliegos de estos contratos son elocuentes sobre su alcance. El seguimiento cubre informativos, tertulias y magacines de alcance nacional, con alertas sobre cualquier mención que afecte a la Presidencia, a los distintos ministerios, a los secretarios de Estado y a los asuntos de actualidad que el gabinete de comunicación defina cada día. No basta con saber qué se ha dicho: se registra quién lo dijo, en qué programa y con qué audiencia potencial, qué argumentos y cifras empleó, y qué reacciones provocó en otras voces y plataformas. El resultado es, en la práctica, un termómetro de riesgo reputacional que permite a Moncloa anticipar qué relato crítico está cobrando fuerza y preparar una respuesta antes de que se consolide.
Contratos, cifras y el músculo económico del seguimiento
Este entramado tiene un coste que empieza a poder documentarse contrato a contrato. Presidencia del Gobierno ha licitado servicios de seguimiento audiovisual por importes que van de los 42.033 euros iniciales a un valor total de 69.477 euros, con opción de prórroga de un año; el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó en febrero de 2025 su propio servicio de seguimiento de noticias y archivo informativo por 75.200 euros. Son solo dos ejemplos documentados de un patrón que se repite, con variaciones, en distintos departamentos del Ejecutivo: contratar seguimiento profesional de lo que se publica sobre cada ministerio no es, en sí mismo, ilegal ni inédito en ningún gobierno; lo llamativo es la escala y la sistematicidad con la que se ha desplegado en esta legislatura.
FARO y HODIO: del deporte al conjunto del debate público
A ese seguimiento editorial se suma una infraestructura tecnológica de mayor calado. El sistema FARO, desarrollado desde 2024 por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) a partir de la tecnología que LaLiga empleaba para rastrear insultos racistas en el fútbol, aplica más de 100.000 reglas semánticas para detectar y clasificar contenidos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X. Sobre esa misma infraestructura se ha construido HODIO (Huella de Odio y Polarización), la herramienta que Pedro Sánchez presentó en foros internacionales y que publicará cada seis meses un «ranking del odio» en redes sociales, combinando análisis cuantitativo y revisión de expertos. Solo en enero de 2026, el propio Observatorio detectó 35.266 contenidos de discurso de odio, de los que un 57% fue retirado por las plataformas tras las notificaciones de sus rastreadores. El objetivo declarado —combatir el racismo y la xenofobia en redes— es legítimo y compartido por buena parte del espectro político; lo que genera inquietud, señalan sus críticos, es que la misma infraestructura capaz de detectar odio real podría, en teoría, extenderse a la frontera más resbaladiza de la crítica política incómoda.
La CNMC y el mapa oficial de los influencers
El foco de vigilancia se ha ampliado también a las nuevas voces de la conversación pública. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha formalizado tres contratos con la empresa portuguesa Primetag SA, por un total de 32.800 euros, para rastrear vídeos de influencers en Instagram, TikTok y YouTube en busca de publicidad encubierta. La ley reserva la etiqueta de «usuario de especial relevancia» a quienes superan los 300.000 euros de ingresos anuales por su actividad audiovisual y reúnen un millón de seguidores en una sola plataforma de vídeo o dos millones en el conjunto de sus redes; en la práctica, sin embargo, el contrato de seguimiento revisa perfiles a partir de 100.000 seguidores, y puede bajar hasta los 50.000 si la CNMC lo solicita expresamente. El objetivo formal —detectar comunicación comercial no declarada— es razonable; el efecto colateral es la creación de facto de una base de datos oficial sobre quién tiene influencia, sobre qué audiencia y con qué contenidos, una cartografía que trasciende ampliamente el propósito publicitario que la justifica.
Publicidad institucional: el otro brazo del control
Si el seguimiento mediático vigila el relato, la publicidad institucional condiciona quién puede sostenerlo económicamente. La distribución de campañas de ministerios, empresas públicas y organismos reguladores actúa, en la práctica, como un sistema de incentivos: los medios cuya línea editorial resulta más afín encuentran más oportunidades de recibir campañas y renovar acuerdos, mientras que los más críticos dependen en mayor medida de la inversión privada, con el consiguiente impacto en su capacidad de resistencia editorial. Ninguna norma obliga a repartir la publicidad institucional de forma proporcional a la audiencia o a la línea editorial de cada medio, lo que deja ese reparto en manos de un criterio político difícil de fiscalizar. Combinado con el seguimiento exhaustivo de quién dice qué, el resultado es un doble mecanismo: el Gobierno sabe qué voces le resultan incómodas, y dispone de una palanca presupuestaria para premiar o penalizar en consecuencia.
Lo que está confirmado, y lo que conviene vigilar
- Los contratos de seguimiento de medios de Presidencia y de varios ministerios, con importes documentados de entre 10.000 y 75.000 euros por servicio, son reales y públicos, localizables en el Boletín Oficial del Estado y en la plataforma de contratación pública.
- FARO y HODIO son herramientas estatales reales, con un objetivo declarado —el discurso de odio y la xenofobia en redes— que ningún demócrata debería cuestionar en abstracto; el riesgo, señalado por sus críticos, no es su existencia sino la ausencia de límites claros sobre qué se considera «odio» y quién lo decide.
- El contrato de la CNMC con Primetag SA, por 32.800 euros, es real y su objetivo formal —publicidad encubierta— también; la creación de una base de datos detallada de creadores de contenido es un efecto colateral de ese objetivo, no su fin declarado, aunque el resultado práctico sea equivalente.
Ninguna de estas piezas, tomada por separado, constituye censura en el sentido estricto del término: ni vigilar tertulias, ni perseguir el discurso de odio, ni rastrear publicidad encubierta de influencers son, en sí mismos, actos ilegítimos. Lo que resulta inquietante es la acumulación: un Ejecutivo que sabe, casi en tiempo real, quién habla, qué dice y cuánta audiencia tiene, y que además controla una parte relevante del presupuesto que decide qué medios sobreviven con holgura y cuáles no. Cuando el ojo que observa y la mano que paga pertenecen al mismo poder, la línea entre vigilancia legítima y presión sobre el relato se vuelve, como mínimo, peligrosamente fina.
