La cuestión está ahí. Desde 2021, y de forma más intensa en el verano de 2026, las relaciones entre España y Marruecos han mostrado un patrón claro: Rabat dispone de herramientas de presión asimétricas que Madrid ha preferido gestionar con cautela, a veces con cesiones relevantes y casi siempre evitando la escalada.
En mayo de 2021, tras la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, Marruecos relajó los controles fronterizos y miles de personas entraron en Ceuta en pocas horas. El episodio se resolvió meses después con el giro histórico de Pedro Sánchez: España abandonó su neutralidad tradicional y pasó a considerar el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental como “la base más seria, realista y creíble”.
Cinco años después, a finales de julio de 2026, se repitió el esquema a escala mayor. Entre el 30 y el 31 de julio entraron en Ceuta decenas de miles de personas (cifras oficiales y estimaciones oscilan entre 50.000 y más de 80.000, según las fuentes), la mayoría a nado o por tierra. Al menos 57 personas murieron. Testimonios de agentes y análisis de inteligencia coinciden en que la gendarmería marroquí no actuó con la contundencia habitual.
El Gobierno de Sánchez atribuyó el episodio a “mafias” que explotaron una sentencia del Tribunal Supremo que limitaba las devoluciones en caliente por vía marítima, y destacó la “colaboración” posterior de Rabat en las repatriaciones. Sin embargo, la oposición, socios de coalición como Sumar, informes de Defensa y fuentes del CNI han hablado abiertamente de “ataque híbrido”, “pasividad calculada” o “toque de atención” de Marruecos. Posibles desencadenantes mencionados por analistas: la visita de Sánchez a Argelia en julio de 2026 y avances legislativos españoles sobre la nacionalidad para saharauis.La lección estructural es evidente: Marruecos puede abrir y cerrar el grifo migratorio en Ceuta y Melilla con un coste político bajo para Rabat y muy alto para Madrid.
En agosto de 2026, altos cargos marroquíes endurecieron el discurso. El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, habló del “derecho histórico y geográfico” de Marruecos sobre las dos ciudades y pidió diálogo sobre su futuro. El ministro de Asuntos Islámicos, en un acto con el rey Mohamed VI, se refirió a la “liberación de las ciudades ocupadas”. El Ministerio de Asuntos Exteriores español respondió recordando que Ceuta y Melilla forman parte de la soberanía española y de la Unión Europea. Pero el Ejecutivo no elevó la respuesta diplomática (no se llamó a consultas al embajador ni se tomaron medidas de presión). El diálogo diario entre Albares y su homólogo Naser Bourita se mantuvo.
Y algo gordo debe saber Marruecos sobre nuestro presidente. El uso de Pegasus contra móviles españoles, incluidos los de Pedro Sánchez y varios ministros, quedó documentado. La investigación judicial se archivó provisionalmente por falta de cooperación internacional, pero el mensaje de capacidad de penetración quedó claro. También cualquier acercamiento español a Argelia (como el de 2026) se interpreta en Rabat como un movimiento hostil, dado el enfrentamiento regional por el Sáhara.
La respuesta del Gobierno de Sánchez ha sido la de priorizar la estabilidad de la relación, evitar la confrontación pública y presentar a Marruecos como “socio fiable”. Tras el giro del Sáhara en 2022 se firmaron hojas de ruta sobre aduanas, migración y cooperación, aunque varias promesas (como el pleno funcionamiento de las aduanas de Ceuta y Melilla) siguen sin cumplirse del todo. En 2026, pese a la magnitud de la crisis de Ceuta y a las reivindicaciones territoriales, Moncloa optó por el diálogo y descartó sanciones o cambios de posición sobre el Sáhara.Críticos (desde la oposición hasta parte de la inteligencia y analistas) sostienen que esta política de apaciguamiento ha reforzado la percepción en Rabat de que España está en posición de debilidad y que las cesiones se pueden seguir arrancando. Fuentes del CNI citadas por medios han llegado a afirmar que Marruecos considera a Sánchez “amortizado” tras haber obtenido lo que quería.
Las presiones reales de Marruecos son estructurales y se ejercen principalmente a través de la gestión de los flujos migratorios, el cuestionamiento de la soberanía de Ceuta y Melilla, y el aprovechamiento de las asimetrías de dependencia. El Gobierno de Sánchez ha respondido con pragmatismo y contención, priorizando la estabilidad a corto plazo. La pregunta que queda abierta es si esa estrategia ha reducido realmente la capacidad de presión de Rabat o si, por el contrario, la ha consolidado.
Para hablar sobre este y otros asuntos estarán este 27 de agosto de 2026 en ’24X7: edición verano’, Alfonso Rojo, director de Periodista Digital y el periodista Albert Castillón. Todo ello bajo la batuta de Josué Cárdenas.
