El caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid, sigue generando debate. Mientras se ha construido un relato centrado en la vulnerabilidad de una anciana ante la crisis de la vivienda, su antiguo casero y un vecino del barrio coinciden en una versión muy distinta: no era ni buena vecina ni buena inquilina.
Ignacio Lázaro, el anterior propietario del edificio de la calle Sainz de Baranda (adquirido por su abuelo en los años 50), ha asegurado en ‘Espejo Público’ (Antena 3) que las quejas sobre Maricarmen eran “continuas”, tanto desde su perspectiva de vecino (vivía enfrente) como de casero. “Maricarmen no era ni buena vecina ni buena inquilina”, ha reiterado, y ha afirmado disponer de un dosier con todas las comunicaciones, quejas y reclamaciones.
Lázaro explicó que vendió el inmueble a Urbagestión porque mantenerlo se había vuelto “insostenible económicamente”. La finca no tenía división horizontal y se traspasó como un todo. La renta de Maricarmen era de 172 euros (vivienda de renta antigua), y según el excasero los gastos de IBI, comunidad y extras corrían a su cargo. Aun así, insistió en que el problema no era solo económico: el comportamiento de la inquilina dificultaba la convivencia.
¿Cómo puede considerarse vulnerable?
En la misma línea intervino Juanjo, pastelero del barrio con un negocio cerca de la vivienda de Maricarmen. “Si es una cosa injusta, ¿no hubiésemos salido los vecinos a manifestarnos antes que nadie?”, preguntó. Para él, si se tratara de una injusticia flagrante, los vecinos del entorno habrían protestado. Según le contaron sus padres, que sí la conocían, las formas de Maricarmen eran “prepotentes”. “Seremos mal llamados tenderos, pero también hay que respetarnos, aunque no sea funcionario”, señaló, dejando entrever el trato que recibían.
El periodista Toni Cantó también cuestionó el relato dominante: “Es muy fácil solidarizarse con una persona mayor”, pero consideró que se ha “precipitado” la elección de este caso porque “hace aguas”. “¿Cómo puede considerarse vulnerable una anciana que está viviendo con un alquiler baratísimo, funcionaria, sin hijos y con casi 2.000 euros al mes de sueldo?”, se preguntó.
Lázaro, por su parte, criticó que se use el caso de Maricarmen como “bandera” mientras otros desahucios, como el de una familia ecuatoriana que no pudo hacer frente a la hipoteca por los “vaivenes del mercado”, reciben mucha menos atención. Aseguró que como caseros siempre habían intentado ayudar a los inquilinos y que no se puede responsabilizar a los propietarios de los problemas estructurales del edificio. No se imaginaba, dijo, que el asunto llegara a este punto mediático.
