La designación de Antonio Camacho como ministro del Interior tenía un fin preciso, protegerle de las investigaciones del ‘caso Faisán’. Justo ahora que es ministro, el juez Ruz implica a la plana mayor de la cúpula del ministerio. Un hecho que no escapa a los finos analistas que, consecuentemente, ven en esta decisión una tomadura de pelo.
Y es que, tal y como cuenta el Semanal Digital –Un auto de Ruz delata la maniobra para proteger a Camacho del Faisán-, las casualidades no existen, y mucho menos en política, donde todo se malea de una forma muy torticera, sobre todo cuando la Justicia está de por medio:
Si las casualidades no existen en política, ésta mucho menos. Este 13 de julio de 2011, y sólo un día después de que Antonio Camacho tomara posesión de su cargo como ministro del Interior en presencia de Alfredo Pérez Rubalcaba, el Caso Faisán dio un giro de tuerca.
El juez Ruz ha dictado un auto de procesamiento contra los tres miembros de la cúpula de Interior implicados en el chivatazo a ETA que dio al traste con la mayor operación contra la red de extorsión de la banda terrorista. Se trata del ex director general de la Policía y la Guardia Civil, Víctor García Hidalgo; el jefe superior de la Policía en el País Vasco, Enrique Pamiés; y el inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros.
El magistrado de la Audiencia Nacional les llevará a juicio acusándoles de los delitos de colaboración con organización terrorista, encubrimiento y revelación de secretos. Camacho, entonces secretario de Estado de Seguridad y cuyo número de móvil figuraba en el registro de llamadas investigadas por el soplo a ETA, se libra. Como ya se libró hace meses de acudir siquiera a declarar, gracias a la intervención de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y del propio Ruz.
Los temores del PP, a juicio del digital dirigido por Antonio Martín Beaumont:
El 11 de julio de 2011, en cuanto José Luis Rodríguez Zapatero anunció su nombramiento como ministro del Interior, el PP se apresuró a denunciar que se trataba de una maniobra para blindar al segundo de Rubalcaba, al que los populares consideran tan culpable como él del mayor escándalo en el que se ha visto envuelto el Cuerpo Nacional de Policía desde los GAL. El auto de este miércoles viene a confirmar las sospechas de Mariano Rajoy y los suyos. La apertura de juicio pone en una situación complicada al candidato socialista.