Pablo Ruz y Santiago Pedraz son los 'jueces estrella', pero ¿quién está al mando del resto de instrucciones?

Cinco jueces para cinco ‘pujoles’: El quinteto de instructores que acorrala al clan

Cinco jueces para cinco Pujoles. Bueno, para cuatro Pujoles y una Ferrusola. Los ‘superregistros’ de película con hora H y día D llevados a cabo este mismo jueves, con la detención y la posterior imputación por blanqueo de capitales del benjamín de la familia, Oleguer, elevan el cupo ‘pujolístico’ en los juzgados.

Ya son cinco procesos judiciales abiertos con miembros del ‘clan’ copando las imputaciones.

El último invitado a la fiesta, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, completa un elenco de magistratura que invita a creer que los Pujol tienen razones para estar intranquilos. A falta de macrocausa (por el momento), buenos son jueces. A instruir se ha dicho.

Junior se empareja con Ruz

El sustituto del juez Garzón, Pablo Ruz, completa su lista de casos mediáticos (Gürtel, Bárcenas, Neymar) con la instrucción del primogénito de los Pujol, Jordi Junior y su ex esposa, Mercé Gironés. Ruz frecuenta fotografías en los diarios e imágenes en televisión, perseguido por las cámaras y los micrófonos. De perfil bajo, es un ‘juez estrella sui generis’.

Eso sí, avanza sin prisa pero sin pausa en sus casos y ya se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el PP con la Gürtel y los papeles del ex tesorero.

En la instrucción de Jordi Pujol Junior, que parte de la denuncia de su ex novia, María Victoria Álvarez, Ruz investiga un supuesto delito de blanqueo de capitales. La investigación ordenada por el juez destapó un sospechoso movimiento de dinero por parte de las empresas del hijo mayor del ex presidente (33 millones de euros sumaban las operaciones) a través de bancos de 11 países distintos, algunos de ellos considerados paraísos fiscales.

Además, los informes de la Agencia Tributaria acreditaron que durante ocho años (de 2004 a 2012), las sociedades de Pujol Ferrusola ingresaron cerca de ocho millones de euros que pagaron distintas empresas, todas ellas contratistas de la Generalitat de Cataluña durante el Gobierno de Jordi Pujol.


La herencia del abuelo, en manos de una sustituta

La confesión de Jordi Pujol, revelando que había ocultado dinero en el extranjero durante más de 30 años, puso el foco sobre la supuesta herencia del abuelo Florenci. Inmediatamente, el sindicato Manos Limpias judicializó el asunto y ahora el Juzgado número 31 de Barcelona instruye la causa contra el ex president y su mujer Marta Ferrusola.

La instrucción es cosa de mujeres. Zita Hernández Larrañaga, titular del juzgado número 1 de L’Hospitalet, está al frente de juzgado después de que Beatriz Balfagón, la juez titular, se quedara de baja hace más de un año.

Ahora la principal duda a la que se enfrenta Hernández Larrañaga es que el proceso siga su curso en Barcelona o, como desea Anticorrupción y la Fiscalía General, que se despache cuanto antes rumbo a la Audiencia Nacional donde se pretende agrupar todos los asuntos del clan. La juez suplente es quien deberá decidir.

ITV: Una juez instructora, un juez en el banquillo

El hijo ‘político’ de Jordi Pujol, Oriol, parecía destinado a comandar la nave convergente una generación más, pero el chanchullo de las ITV, el intento de amaño en la concesión de estaciones de inspección técnica de vehículos en Cataluña, le estalló en las manos.

La juez Silvia Pérez Mejía, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, se encarga de unas investigaciones que ya han servido para suspender y multar al juez ‘topo’ que aconsejaba a la trama, Joaquín José Ortiz Blasco.

Mejía acusa a Oriol Pujol de cobrar unos 700.000 euros por supuestos favores. El mecanismo para ocultar las comisiones ilegales era contratar falsas asesorías con la empresa de la mujer de Oriol Pujol Ferrusola.


El benjamín para Pedraz

El último Pujol en caer en las redes de la imputación ha sido el pequeño de la familia, Oleguer. Su caso lo instruye el último juez estrella, el amigo de Baltasar Garzón, la melena más famosa de la judicatura: Santiago Pedraz.

Caso de José Couso, De Juana y Segi, Gowex, la estafa de Afinsa… muchas muescas jalonan ya el revólver de Pedraz. Ahora tratará de demostrar que Oleguer Pujol incurrió en delito de blanqueo de capitales y en un delito fiscal vinculados a una operación multimillonaria -2.000 millones de euros- para la compra de oficinas del Banco de Santander en España a través de la empresa Draco Capital y la compra de un hotel en Canarias con ocho millones de euros que recibió de una empresa situada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.

Caso Palau, al quinto va el vencido

Asunto de fondo. Todo partido político que se precie en España debe tener su caso de financiación ilegal y Convergéncia i Unió no quiso ser menos. Además, para mayor enjundia, tiene la sede del partido embargada.

En el ‘Caso Palau’ se investigan comisiones ilegales, las famosas mordidas, que supuestamente pagó durante años la empresa Ferrovial para lograr contratos multimillonarios y que según el juez se cobraban a través del Palau de la Música camufladas como patrocinios. Al mando del Govern catalán, el molt honarable president.

Son ya cinco los instructores que han estado al frente del Juzgado número 30 de Barcelona desde el año 2009, en un caso que afronta su recta final. El último magistrado, nombrado en marzo de este año, es José Julián García de Eulate, procedente del Juzgado Penal número 20 de Barcelona.

García de Eulate, poco conocido en la gran pantalla judicial, llega después de que el anterior titular, Josep Maria Pijuan, se jubilase el pasado 31 de diciembre para irse a Andorra a presidir Les Corts del Principado. Pijuan asumió el caso en el 2011, después de que el primer juez que llevó la instrucción, Juli Solaz, dejase el cargo para ocupar un puesto en la Audiencia de Barcelona.

Sin duda, Pijuán ha sido el instructor fundamental y el más polémico, siempre bajo la sombra de la cercanía al independentismo. Fue uno de los 33 jueces catalanes que firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir de Cataluña. En 2012 saltó la noticia de que había recibido subvenciones por parte de la Generalitat.

 

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