font-family: arial; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 21px; orphans: auto; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff;">El Ministerio del Interior ha cifrado en seis millones de euros la cantidad necesaria para poner en marcha los distintos centros penitenciarios cuyas obras están concluidas pero que mantienen cerradas sus instalaciones principalmente por falta de equipamiento.
Ésta es la respuesta que ha dado al portavoz de Justicia de la Izquierda Plural,Gaspar Llamazares, quien se interesaba por conocer el número de prisiones dependientes de Instituciones Penitenciarias que en la actualidad están terminadas y sin estrenar, así como las razones, dado que en las mismas, según reseña, se han invertido más de 1.100 millones de euros.
En concreto, el parlamentario de IU por Asturias citaba la cárcel de Archidona (Málaga), el Centro de Inserción Social (CIS) de Almería y las unidades de madres de Alicante y Tenerife.
En su contestación, el Ejecutivo no especifica la cifra de centros penitenciarios que se encuentran actualmente cerrados, pero sí explica que la causa de que no estén funcionando es su falta de equipación y da cuenta de que el importe total para la puesta en marcha de los mismos asciende a seis millones de euros.
Sobreocupación en algunas cárceles
El diputado de IU también pedía conocer el número de plazas vacantes en los centros penitenciarios actualmente en funcionamiento y el número de reclusos por celda, e instaba al Gobierno a pronunciarse si existe en España algún problema de hacinamiento de presos.
Llamazares planteaba todas estas cuestiones tras poner de relieve que algunas viejas prisiones soportan tasas de masificación que los sindicatos cifran en el 140 por ciento mientras que en los nuevos centros de Murcia, Las Palmas, Zaballa (Álava) o Pamplona, hay módulos cerrados y celdas vacíos.
Una situación que, según recuerda el excoordinador general de IU, el propio secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, admitió en una comparecencia parlamentaria de hace ahora dos años que suponía un «despilfarro» y una forma «ineficiente» de gestionar esos centros.
El Gobierno precisa que el número de vacantes, a fecha 1 de julio de 2014, de personal funcionario en los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciaras era de 1.361 y de 521 el personal laboral.
Asimismo, informa de que la cifra total de internos que residen en centros penitenciarios a fecha actual es de 54.630, entendiendo por tales los presos que ocupan camas, excluyéndose los que cumple condena en instituciones extrapenitenciarias, unidades dependientes y telemáticos.
Añade el Ejecutivo que el número total de celdas en establecimientos penitenciarios es de 47.601 (celdas residenciales más celdas auxiliares) y que la tasa de ocupación es de 1,14 internos por celda. Atendiendo estos datos, el Gobierno deja claro que «evita» que se produzca hacinamiento en cualquier centro dependiente de Instituciones Penitenciarias adoptando las medidas oportunas para derivar internos de unos a otros establecimientos penitenciarios.
Según subraya, la Administración Penitenciaria lleva a cabo una distribución «racional» de la población reclusa, procurando en todo momento conjugar los criterios de racionalidad de ocupación de los centros y los criterios establecidos en la normativa penitenciaria y tratando favorecer todos aquellos factores que pueden incidir, positivamente, en el proceso de reinserción social de los internos.
