font-family: arial; font-size: 14.6666669845581px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 21px; orphans: auto; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff;">El caso del ático de Ignacio González en Estepona da un pequeño paso que sirve para recordar que sigue abierto. Y muy abierto. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de la citada localidad andaluza ha aceptado incluir a las acusaciones populares, ejercidas por el Sindicato Unificado de Policías (SUP) la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña y laasociación Transparencia y Justicia, bajo la misma dirección letrada y representación que el citado sindicato, por ser la primera acusación popular que interpuso la denuncia que dio origen a las investigaciones.
En un auto fechado el pasado día 3 de febrero y al que ha tenido acceso este medio, el juez ha decidido incorporar a la última de las acusaciones populares que había solicitado su presencia, la asociación Transparencia y Justicia, sin la obligación de abonar la fianza de 6.000 euros que en un primer momento pedía el magistrado.
Para justificar la decisión de que todas las acusaciones actúen bajo una misma dirección se ha basado en otros procedimiento «de similar complejidad» como el ‘Caso Bankia‘, donde las acusaciones de Democracia Real Ya y Manos Limpias están integradas con la de UPYD, que lidera la terna puesto que fue la primera organización querellante.
