El Gobierno exigirá licencias a todas aquellas empresas que quieran convertirse en operadores de juegos de azar y se crea un órgano encargado de conceder esos permisos y con potestad sancionadora.
Así consta en el proyecto de norma sobre los juegos de azar de ámbito estatal y de las nuevas modalidades desarrolladas a través de medios informáticos, electrónicos y telemáticos presentado este viernes al Consejo de Ministros.
Según explicó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el objetivo de este texto es ofrecer «mayor seguridad jurídica» a todos los operadores, así como aumentar la protección a los usuarios.
Salgado añadió que en España «había un cierto vacío legal con respecto a las nuevas formas de juego y entre ellas, la más importante, aquella que se realiza por medios interactivos con soporte telemático».
El futuro texto hace especial hincapié en la prevención de actividades fraudulentas y el blanqueo de capitales.
Por ello, todo operador que quiera desarrollar su labor en este sector deberá contar con una licencia previa.
De acuerdo con el texto, la norma incluirá toda actividad «de organización, explotación y desarrollo de juegos de azar de ámbito estatal a través de cualquier medio o soporte, sometiendo su funcionamiento a la obtención previa de un título habilitante».
Aquellas empresas que quieran obtener este permiso deberán respetar una serie de condiciones, orientadas, por una parte, a garantizar la protección de los usuarios, y, por otra, a vetar la participación en este tipo de actividades a los menores de edad y a las personas que voluntariamente lo hubieran solicitado.
SANCIONES
El Gobierno creará también un órgano regulador único en la Administración del Estado, que se encargará de la supervisión del cumplimiento de los requisitos fijados a los operadores, de la concesión de licencias y autorizaciones, y el cumplimiento de la normativa vigente.
Asimismo, a este regulador se le concede potestad para la aplicación de un régimen de infracciones y sanciones que se tendrá que elaborar.
Por otra parte, se crea el Comité de Cooperación y Participación, un órgano consultivo, en el que habrá una representación de los organismos competentes de las comunidades autónomas.
Salgado explicó también que se va a adoptar un régimen fiscal específico a las distintas modalidades de juego, salvo en el caso de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.
«Tenemos que hablar de porcentajes con las comunidades autónomas», afirmó Salgado, tras decir que la mayoría de este porcentaje debe ser para las comunidades «y únicamente el Estado se quedará con la parte que le permita pagar los gastos de gestión y el propio funcionamiento del órgano de regulación».
Salgado precisó que la actividad que realizan Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE «queda en la situación en que está en este momento».
PRIVATIZACIÓN
La vicepresidenta económica quiso dejar claro que el Gobierno tiene previsto cumplir con su anuncio de dar entrada de operadores privados en Loterías y Apuestas del Estado (LAE).
Salgado subrayó que se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado para 2011 una disposición por la cual LAE se «convertirá en una sociedad estatal empresarial pública».
El objetivo es la «modernización» del esquema actual de Loterías y Apuestas del Estado, «lo que permitirá eventualmente una participación del sector privado».
