Frustrado en el último momento un acuerdo para poner fin a la huelga de hambre de los mapuches

Las negociaciones celebradas ayer entre representantes de la comunidad mapuche y del Gobierno chileno mediadas por el arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, estuvieron a punto de culminar con éxito y un acuerdo que habría permitido poner fin a la huelga de hambre que mantienen 34 activistas mapuches desde hace más de 70 días, informa el diario ‘La Tercera’.

El Gobierno habría ofrecido retirar todas las querellas relacionadas con juicios de terrorismo, una de las principales demandas de los mapuches, que exigen la derogación de la Ley Antiterrorista instaurada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Pese al optimismo de las primeras horas de diálogo ante la posibilidad de una resolución del conflicto, el abogado de los huelguistas de Concepción, Adolfo Montiel, marcó un punto de inflexión. «Hay un estancamiento en las negociaciones», dijo por la tarde.

El ofrecimiento del Gobierno de retirar las querellas patrocinadas por el Ejecutivo a cambio de deponer la huelga sólo generó la división de los activistas mapuches. La reunión terminó sin acuerdo, pasadas las 20.30 horas, y las conversaciones se reanudarán este sábado.

«Es necesario continuar mañana por algunas consultas que deben hacerse entre ellos», dijo tras la cita el subsecretario de la Presidencia, Claudio Alvarado.

El líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, transmitió su oposición al acuerdo. El dirigente, preso en Concepción por un atentado a un fiscal en 2008, es quien ha mantenido la postura más radical durante el conflicto. Fue el propio Ezzati quien visitó al comunero para intentar convencerlo de deponer la huelga, algo que finalmente no consiguió.

La posición de Llaitul se contrapone a la de los tres comuneros detenidos en la cárcel de Lebu, quienes hicieron saber su disposición a deponer la huelga. «Los muchachos están felices con la noticia, ahora hay que esperar a ver qué dice el resto de los comuneros», dijo la portavoz de este grupo, Gladys Huenumán.

La oferta del Gobierno supone un giro en su estrategia para abordar el conflicto, ya que hasta el miércoles había desestimado la propuesta de Ezatti de buscar «medidas administrativas», como la retirada de las querellas en las que se utilizó la Ley Antiterrorista pinochetista.

Aunque el gesto es valorado por los comuneros y para algunos sienta las bases para conversar sin ayuno de por medio, otros insisten en exigir por escrito el compromiso del Gobierno de excluir de la Ley Antiterrorista delitos como ataques incendiarios a la propiedad privada.

Por otra parte, la Corte Suprema ratificó ayer el fallo del tribunal de alzada de conceder al Gobierno la facultad de alimentar forzosamente a los comuneros en ayuno cuya vida corra peligro. Se calcula que en unas 48 horas cerca de una decena de comuneros necesitarían alimentación asistida.

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