El diputado del PNV Emilio Olabarria interpelará esta semana al Gobierno para conocer su política de mejora de la accesibilidad en las comunidades de viviendas.
Según Olabarría, el Gobierno debe reformar algunos preceptos desfasados tanto del Código Civil como de la Ley de Propiedad Horizontal para que los vecinos que padecen algún tipo de discapacidad puedan efectuar las obras necesarias en sus comunidades de viviendas y poder así cumplir con el derecho de igualdad de este colectivo.
El PNV indica que desde la aprobación de la Ley de Propiedad Horizontal en los años 60, se han producido avances significativos tendentes a la promoción de la accesibilidad en las comunidades de propietarios, avances que han contado con el consenso de todas las formaciones políticas.
Cronológicamente destaca la modificación producida en el año 1990, en la que se suavizaron las mayorías para la aprobación de obras de eliminación de barreras arquitectónicas cuando en las comunidades residían personas con discapacidad, estableciéndose en estos casos la mayoría de 3/5 de votos y cuotas, manteniéndose la unanimidad para las mismas obras de de accesibilidad en el caso de que en la comunidad no residiesen personas de éstas características.
En el año 2003 se producen nuevos avances en igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, al establecerse la obligatoriedad de las comunidades de ejecutar las obras de accesibilidad, cuyo coste no suponga a cada propietario un importa superior a tres mensualidades de gastos corrientes.
Pese a que esta normativa supone un avance, afirma el PNV, la realidad es bien distinta y hace necesaria la realización de una reforma puntual de la legislación civil para que esas obras de accesibilidad se puedan llegar a ejecutar en la práctica.
Olabarría señala que los avances quedan mermados por la subsistencia del Código Civil y de la Ley de Propiedad Horizontal que se deben modificar para cumplir el requerimiento de igualdad que el artículo 49 de la Constitución española reconoce a las personas afectas por cualquier tipo de discapacidad.
Es precisamente por esta razón por la que el PNV presenta esta interpelación urgente con la que pretende conocer los planes de futuro del Gobierno en esta materia.
