La Fiscalía se pronunciará previsiblemente a favor de que la Audiencia Nacional investigue la muerte del ciudadano español Baby Hamday Buyema en los disturbios registrados el pasado lunes en El Aaiún, según fuentes fiscales, después de estudiar la querella que mañana una ONG presentará contra las autoridades marroquíes.
La Liga Española pro Derechos Humanos dirigirá la querella contra el gobernador de El Aaiún y los ministros de Defensa, Interior y Exteriores de Marruecos por el «asesinato» del ciudadano español Baby Hamday Buyema.
La querella se basará en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que establece que los tribunales españoles podrán investigar delitos en aplicación del principio de jurisdicción universal cuando existan víctimas españolas o algún otro vínculo relevante con España.
También mañana el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se entrevistará con el titular de Interior marroquí, Taib Charkaui, que devolverá en plena crisis del Sahara Occidental la visita que el primero hizo a Rabat tras los incidentes en la ciudad de Melilla.
Hoy, varios activistas han denunciado la situación del pueblo saharaui y han criticado al Gobierno español por no condenar el desmantelamiento del campamento de protesta en El Aaiún.
La activista pro saharaui española Isabel Terraza y su compañero mexicano Antonio Vázquez, que desde hace unos días permanecen escondidos en El Aaiún, han denunciado el «genocidio que está cometiendo el régimen marroquí» sobre el pueblo saharaui, por lo que han pedido la intervención inmediata de la ONU.
Javier Sopeña y Silvia García, dos activistas españoles que regresaron ayer de El Aaiún, han criticado la «falta de contundencia» del Gobierno al no condenar el «crimen» que está cometiendo Marruecos contra el pueblo saharaui y la actitud del PP por utilizar este conflicto para «ganar votos».
Antonio Vázquez, activista mexicano pro saharaui, ha manifestado que en El Aaiún las noches son silenciosas y de repente se escuchan gritos y alaridos, y añadió que es escalofriante escuchar cómo matan a personas sin que nadie lo detenga.
Desde el Ejecutivo, la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ha defendido la necesidad de que España mantenga la capacidad de interlocución con Marruecos para ser útil, «sin abdicar ni un ápice» de la defensa de los derechos y libertades.
Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, las relaciones de España con Marruecos son un exponente de que en materia de asuntos exteriores el Gobierno «va a la deriva».
Marcelino Iglesias, secretario de Organización del PSOE, ha subrayado que «no se le puede exigir a España más» de lo que está haciendo en estos momentos para solucionar «lo antes posible» la situación en el Sáhara, teniendo en cuenta que ningún país conoce exactamente lo que está ocurriendo.
La política del PSOE con Marruecos ha motivado el abandono del partido por parte del socialista Carlos Cristóbal, parlamentario foral durante veinte años, miembro de la ejecutiva del PSN y jefe de gabinete en su día también del entonces presidente de Gobierno navarro Gabriel Urralburu.
En el Congreso, el grupo socialista se ha desvinculado por completo del comunicado de rechazo a la violencia en el Sahara Occidental que ha promovido su diputada Fátima Aburto, en una actuación que la dirección del PSOE ha atribuido a una «iniciativa personal» de esta parlamentaria.
El contenido de este documento socialista de rechazo a la violencia en el Sahara Occidental, en el que no se mencionaba directamente a Marruecos, ha suscitado ciertos reparos en la mayoría de los partidos, que han pedido más dureza.
