Los países que han participado en la XX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Mar del Plata (Argentina), han aprobado un comunicado conjunto en el que condenan los actos de terrorismo y se comprometen a promover una «cooperación internacional activa y eficaz» para luchar contra los terroristas, así como a impedir su financiación y «negarles refugio».
«Reiteramos nuestra total condena de todo acto de terrorismo como acto criminal e injustificable y reafirmamos nuestro compromiso de combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, con estricto apego al Derecho Internacional, a las normas internacionales de protección de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario», dice el texto.
Para ello, «reforzaremos siempre que sea necesario nuestras legislaciones nacionales y promoveremos una cooperación internacional activa y eficaz para prevenir, investigar, sancionar y eliminar toda manifestación de este flagelo», añade.
Asimismo, los jefes de Estado y de Gobierno se han comprometido a tomar medidas para «prevenir, penalizar y eliminar el financiamiento y la preparación de cualquier acto terrorista y a negarle refugio a los instigadores, financiadores, autores, promotores o participantes en actividades terroristas».
COOPERACION FRENTE A LA IMPUNIDAD
También reafirman en el comunicado «la necesidad de evitar la impunidad para aquellos que cometen actos de terrorismo» e instan a todos los Estados a que «cooperen plenamente en la lucha contra el terrorismo, especialmente con aquellos en cuyo territorio o contra cuyos ciudadanos se cometan actos de terrorismo».
Insisten en la importancia de «encontrar, capturar y negar refugio seguro y someter a la justicia, sobre la base del principio del enjuiciamiento o la extradición y su propia legislación nacional, a quien apoye o facilite la financiación, planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o la provisión de refugio seguro o participe o intente participar en esos actos».
EXTRADICION
En este contexto, piden a los Estados que se aseguren de que la condición de refugiado o asilado «no sea utilizada de modo ilegítimo por los financiadores, autores, organizadores o patrocinadores de los actos de terrorismo» y de que «no se reconozca la reivindicación de motivaciones políticas como causa de denegación de las solicitudes de extradición» de presuntos terroristas.
«Exhortamos a aquellos Estados que han recibido solicitudes de extradición de terroristas presentadas por Estados miembros de nuestra comunidad a que procedan a considerarlas debidamente», agregan.
Por otro lado, los dirigentes iberoamericanos expresan su «solidaridad con las víctimas y familiares de las víctimas del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones», «dondequiera» que hayan ocurrido los actos terroristas e «independientemente de quienes hayan participado y cometido dichos actos, de quienes lo hayan patrocinado y financiado y de las motivaciones que se aleguen como pretexto a tales crímenes».
La única mención concreta que se hace de un acto terrorista es la que se refiere al que cometió el anticastrista Luis Posada Carriles en octubre de 1976, cuando presuntamente hizo explotar un avión de Cubana de Aviación, causando la muerte a 73 personas.
El comunicado recuerda que Posada Carriles, que vive en Estados Unidos, aún no ha sido «enjuiciado por terrorismo», y apoya «las gestiones para lograr su extradición o llevarlo ante la justicia».
