Luis Vericat, socio del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, ha anunciado que ante «el extraordinario volumen y dimensión del caso» los afectados han solicitado una reunión urgente con el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Divar, según informó el bufete.
El motivo de la reunión es solicitar amparo al Consejo General del Poder Judicial para que garantice los recursos y medios necesarios que permitan afrontar con garantías este caso. Es decir, se pide que los Juzgados y Tribunales españoles puedan resolver todos los procesos sin excesiva dilación.
En la carta enviada al Presidente del Tribunal Supremo se detalla que los daños acontecidos en los últimos días puede que se conviertan en «uno de los mayores retos» de la Justicia española, ya que «la reclamación de varios cientos de miles de afectados pueda causar un colapso judicial sin precedentes».
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Vericat ha asegurado además que «los controladores son los principales responsables» de lo que ha ocurrido, y por tanto tendrán que indemnizar a los afectados sólo «en parte», ya que «no van a poder responder económicamente de las indemnizaciones» que se van a solicitar.
En este sentido, el abogado ha expresado que de ser así, AENA y el Estado «tendrán que responder ante este daño», pues la situación ha sido «de tan gravedad y tan extraordinaria» que desde el bufete consideran que «no puede salir gratis».
Asimismo, Vericat ha dicho que más de 5.000 personas afectadas por la situación ya se han puesto en contacto con su despacho, y según los cálculos del bufete de abogados «más de 40.000 personas pueden terminar sumándose a esta acción judicial».
Respecto a las reparaciones que van a solicitar, Vericat afirma que los afectados van a imponer «una reclamación contenciosa administrativa contra AENA», en la que además de los daños económicos van a solicitar «un daño moral» evaluado en 10.000 euros.
