Rubalcaba asegura que «será la Justicia la que diga si hay que pagar y quién paga»

Rubalcaba asegura que "será la Justicia la que diga si hay que pagar y quién paga"
Alfredo Pérez Rubalcaba. EFE

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado hoy que tras el caos aéreo causado por los controladores será la Justicia la que diga «si hay que pagar y, en su caso, quién paga».

Así se ha manifestado Rubalcaba en una entrevista en RNE recogida por Efe, en la que ha asegurado que lo ocurrido el pasado viernes y sábado no es más que un episodio «de una guerra que trata de desmontar un edificio de privilegios que se ha construido durante muchos años» por parte de los controladores.

El vicepresidente primero ha reiterado que a quienes han montado el caos «no les puede salir gratis» y tendrán que dar cuenta de sus responsabilidades porque no se puede abandonar el puesto de trabajo «y dejar a los ciudadanos tirados».

Ha explicado que hay una vía laboral abierta así como dos judiciales, que son las correspondientes a las que ha iniciado la Fiscalía General del Estado para reclamar las responsabilidades penales y otra civil para que los que se sientan perjudicados acudan.

Ha recordado que mañana, jueves, el presidente del Gobierno comparecerá ante el Pleno del Congreso para informar de las razones que llevaron al Ejecutivo a decretar el estado de alarma.

«Todo eso está en marcha», ha dicho Rubalcaba, quien ha indicado que hay muchos Juzgados trabajando al mismo tiempo por el caos aéreo.

«La Justicia será la que diga si hay que pagar y, en su caso, quién paga», ha aseverado el vicepresidente del Gobierno.

A su juicio, a medida que ha avanzado la aviación civil el poder de los controladores ha aumentado y ha reconocido que «no había ministro de Fomento que se atreviera con ellos».

«No se atrevía nadie con ellos. Digamos la verdad», ha reconocido Rubalcaba, quien ha afirmado que su padre fue piloto de Iberia y que conoce bien el mundo de los controladores.

Por eso ha defendido el real decreto que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros porque, según ha dicho, no puede haber un conjunto de trabajadores que «le eche pulsos» al Gobierno y a los ciudadanos.

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