Los grupos parlamentarios acordaron este martes en la Comisión del Pacto de Toledo ampliar hasta los 25 años la edad máxima para la percepción de la pensión de orfandad, según informaron en rueda de prensa los portavoces de CiU y del PSOE.
Esta medida, que para su entrada en vigor deberá ser recogida por el Gobierno en la reforma del sistema de pensiones, supondría ampliar en tres años el límite actual, fijado en los 22 años.
En la actualidad, los beneficiarios de esta prestación la pueden percibir hasta los 22 años o hasta los 24 años si no sobrevive ninguno de los padres o si el huérfano presenta una discapacidad en un grado igual o superior al 33%.
El portavoz de CiU, Carles Campuzano, subrayó que ésta es una medida �interesante� que las familias que se benefician de esta pensión �venían reclamando�.
Por su parte, la diputada del PSOE Isabel López i Chamosa destacó que el Pacto de Toledo también ha acordado una �revisión profunda� de la pensión de viudedad que incluye la mejora de la protección para las personas viudas mayores de 65 años.
Por otro lado, el Pacto de Toledo incorporará también una nueva recomendación sobre fiscalidad, para instar al Gobierno a �reordenar y mejorar el trato fiscal de las pensiones, especialmente las de viudedad�.
Por último, la comisión parlamentaria trató este martes también sobre la suficiencia del sistema y sobre las pensiones mínimas. En este apartado se insta al Ejecutivo a que haga una propuesta sobre los límites del umbral de la pobreza para poder articular medidas que tengan en cuenta esa concepción del umbral.
Los grupos parlamentarios volverán a reunirse este miércoles con el objetivo de cerrar la redacción de las recomendaciones y para que el texto definitivo sea aprobado en comisión la próxima semana, en principio el día 29 de diciembre.
En la reunión de mañana, la comisión tratará los tres últimos apartados: los sistemas complementarios, la protección social de la mujer, y Europa y la protección social.
Las recomendación del Pacto de Toledo también incluirán la propuesta de que dentro de cinco años se vuelva a reunirse la comisión para analizar el cumplimiento de las recomendaciones y se insta al Ejecutivo a que comience la negociación con los agentes sociales.
