El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular (PP), Esteban González Pons, ha advertido este jueves de que las autorizaciones para la investigación de hidrocarburos en La Albufera no generarán puestos de trabajo y provocarán la «llegada de chapapote» a playas como la de El Saler.
En declaraciones a Europa Press, González Pons ha explicado que las «prospecciones petrolíferas» en la costa valenciana conllevarán la «destrucción de la pradera de la Posidonia, de la presencia de cetáceos, de la pesca en la zona» y provocarán la «llegada de chapapote a la playa del Saler».
Además, ha asegurado que el decreto ley aprobado en Consejo de Ministros para autorizar la investigación de hidrocarburos en la costa valenciana no va a acarrear beneficio económico para esta comunidad autónoma, sino «sólo para la multinacional británica» a la que se concede el permiso.
Estos contratos tampoco generarán puestos de trabajo en la Comunidad Valenciana, según el dirigente ‘popular’, debido al alto grado de especialización que requiere esta actividad. «Ni petrodólares, ni puestos de trabajo», ha criticado.
El vicesecretario de Comunicación del PP ha afirmado que no quiere «saber si hay petróleo o no» en La Albufera porque, de ser así, tarde o temprano «alguien lo explotará» en un medio que ha sido calificado como Parque Natural y constituye un entorno «emblemático» para los valencianos.
«PARA QUE QUEREMOS AVE»
«Zapatero ha pasado de los recortes sociales a los recortes medioambientales», ha señalado el dirigente ‘popular’, quien se ha preguntado «para qué queremos AVE a Valencia» si los ciudadanos que lleguen a esta ciudad sólo van a ver «plataformas petrolíferas». «En Valencia va a haber un grandísimo malestar social por las prospecciones petrolíferas porque es como dar una bofetada en la cara del pueblo valenciano», ha añadido.
Así pues, ha planteado al Gobierno que «debería hacer caso» al Congreso de los Diputados y las Cortes Valencianas, además de a la Generalitat y el Ayuntamiento, los cuales se han pronunciado ya en contra de esta investigación, ya que el Gobierno la planteó por primera vez en 2007.
En el caso de la Cámara Baja, la Comisión de Medio Ambiente aprobó una proposición no de ley, con los votos a favor de todos los grupos excepto el PSOE, que se abstuvo, en la que expresaba su rechazo a estas investigaciones y pedía al Ejecutivo que no las llevara a cabo.
