La Comisión Europea propuso hoy que los acreedores privados de los bancos contribuyan a financiar el coste de las futuras liquidaciones de entidades, de manera que el peso no recaiga únicamente en el contribuyente, como ha ocurrido en la actual crisis.
El objetivo de Bruselas es permitir la quiebra ordenada de los bancos insolventes sin desestabilizar todo el sistema ni tener que acudir a las arcas publicas, de manera que la financiación recaiga por este orden en: accionistas, acreedores sin garantías y acreedores preferenciales, mediante quitas a la hora de cobrar una obligación de deuda.
El Ejecutivo Comunitario abogó por esta posibilidad en un documento publicado hoy en el que defiende incrementar considerablemente los poderes de los supervisores nacionales para prevenir y gestionar mejor las futuras crisis en el sector.
El documento, que será sometido a consulta pública, incluye un cuestionario para que las principales entidades expongan su parecer al respecto antes del próximo 3 marzo, cuando se valorará la posibilidad de presentar un propuesta legislativa hacia del verano.
La Comisión Europea ha insistido hoy en que la propuesta no es definitiva y en ningún caso será retroactiva, por lo que no afectaría a los inversores que poseyeran bonos de entidades financieras antes de que se tramitase la ley.
Así, el Ejecutivo pretende evitar las turbulencias desatadas recientemente en el mercado de deuda soberana, después de que la Unión Europea anunciara que los tenedores privados de bonos públicos contribuirán al rescate de los países con problemas de solvencia a partir de 2013.
En este sentido, fuentes comunitarias evitaron relacionar ambas medidas y explicaron que, de tramitarse, la ley no entraría en vigor antes de 2013.
Además, aseguraron que la contribución privada es uno de los aspectos que permanecen por el momento «más abiertos», pues hay aspectos legales que determinar, como la posible inclusión de las condiciones de la potencial quita en las cláusulas de las futuras obligaciones.
Asimismo, la Comisión propone un límite a las eventuales pérdidas de los inversores, de manera que éstas no podrán superar las que habrían sufrido si se hubiera aplicado el régimen actual de insolvencia.
El comisario europeo de Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier, defendió su propuesta en una nota de prensa enviada con motivo de la apertura de la consulta pública.
«Aunque nuestro principal objetivo es una mejor prevención, los bancos quebrarán en el futuro y debemos ser capaces de hacerlo sin hundir todo el sistema financiero. Por ello, tenemos que preparar un sistema que garantice que Europa está bien preparada para lidiar con las bancarrotas de bancos de manera ordenada, sin apelar a los contribuyentes para que vuelvan a pagar el coste», dijo.
En este sentido, la Comisión ya propuso anteriormente la creación de un impuesto sobre las actividades bancarias en cada país, cuya recaudación alimentaría fondos de resolución de crisis nacionales, y ahora estudia cómo adaptarlo a los fondos de garantía de depósitos ya existentes en muchos países, entre ellos España.
Además de la capacidad para reestructurar la deuda bancaria, la Comisión desea dotar a los reguladores nacionales con otras herramientas para llevar a cabo la liquidación ordenada de un banco, como el poder para tomar el control de la entidad, vender partes del negocio o transferir activos a un «banco malo», sin contar con el beneplácito de los accionistas.
En el capítulo de la prevención, aboga por obligar a las entidades a que preparen planes de quiebra, conocidos como testamentos, que establecerán cómo actuar en momentos de turbulencias o incluso de insolvencia.
En la fase de la intervención temprana, Bruselas propone que los reguladores puedan prohibir el pago de dividendos, obligar a reemplazar a los directivos o a deshacerse de una determinada línea de negocio considerada de riesgo.
«Estos poderes pueden ser considerados intrusivos, pero son medidas necesarias, justificadas y proporcionadas», explicó hoy una fuente europea.
Estas iniciativas están inspiradas en muchas de las soluciones que ya han sido aplicadas en los bancos intervenidos durante la crisis, pero la Comisión desea un marco común, dado el carácter trasnacional de muchas entidades y los distintos marcos reguladores en cada país.
En este sentido, la Comisión plantea la creación de colegios de liquidación en los que estarán representados los países afectados y que servirán para liquidar una entidad insolvente con presencia en varios estados.
Bruselas quiere que la futura legislación se aplique a todas las entidades bancarias y a algunas firmas de inversión de importancia.
El rescate del sector financiero en Europa representó un gasto para las arcas públicas del 13 % del PIB.
