El Ministerio de Industria y las tres principales eléctricas se enfrentarán mañana en una vista judicial convocada por el Tribunal de Luxemburgo acerca de la aplicación del real decreto que incentiva la quema de carbón autóctono en centrales térmicas.
Este litigio es uno de los tres que enfrentan en las más altas instancias judiciales al Gobierno con las empresas a propósito del decreto, al que Industria considera necesario para reducir la dependencia energética y en el que las eléctricas ven un daño patrimonial para las centrales que, como los ciclos combinados de gas, resultarán desplazados por el mayor uso del carbón nacional.
En el caso de la vista de mañana, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió a finales de octubre aplicar medidas cautelarísimas contra la puesta en marcha del decreto y bloquear contra todo pronóstico una norma sobre la que ya se estaban enfrentando las eléctricas y el Gobierno en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
En concreto, el tribunal comunitario aplicó estas medidas contra la decisión de la Comisión Europea de declarar el decreto compatible con el mercado interior. El Ejecutivo comunitario había adoptado esta decisión después de que el Gobierno aceptase retirar de la ley una compensación, a modo de lucro cesante, para las centrales desplazadas que, a juicio de la Comisión, era ilegal.
Mientras se desarrollan las batallas jurídicas, las eléctricas han empezado a hacer las primeras compras de carbón nacional y el Gobierno ha seguido con la tramitación de la norma, hasta el punto de que la subida de la tarifa de la luz en enero, del 9,8%, ya incluye el coste de poner en marcha el decreto.
Los incentivos a la quema de carbón incluidos en el decreto y los pagos de capacidad para las centrales desplazadas tendrán un coste de 600 millones durante 2011 para el sistema eléctrico o, una vez trasladados a la tarifa de la luz, un efecto de tres puntos sobre el encarecimiento de enero.
SUPREMO Y AUDIENCIA.
En el frente del Supremo, el tribunal emitió en diciembre varios autos en los que rechazaba aplicar las medidas cautelares solicitadas tanto por las eléctricas como por la Xunta de Galicia, que teme los efectos negativos de incentivar el carbón nacional sobre sus centrales de carbón de importación.
Con esta decisión, el Supremo inicia un periodo más amplio de análisis del caso y abre la puerta a que la Audiencia Nacional levante las cautelarísimas en contra de uno de los desarrollos normativos del decreto en el que se obliga a presentar en tres días cartas de compromiso de compra de carbón nacional.
POSICION DE LAS ELECTRICAS.
Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa han emprendido una campaña contra el decreto porque, según dicen, su aplicación dañará a las tecnologías desplazadas por el carbón e incrementará los costes del sistema eléctrico español.
La norma, entienden las empresas, requiere de la aprobación previa de una ley que permita retirar la retribución a las instalaciones eléctricas que queden desplazadas en el sistema por el mayor uso de centrales térmicas de carbón. Por este motivo, el decreto carece, a su juicio, de rango legal suficiente.
