(Ampliación) La Audiencia Nacional paraliza la expulsión de 17 saharauis que pidieron asilo en España

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ordenó este miércoles paralizar la expulsión de 17 saharauis que solicitaron asilo político al llegar a principios de este año a Fuerteventura en patera y que fueron trasladados este mismo miércoles a Las Palmas para ser repatriados.

De esta forma, la Audiencia Nacional se pronunció sobre el recurso presentado el pasado viernes por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que había solicitado medidas cautelarísimas para evitar la expulsión de los ciudadanos saharauis.

«Comuníquese telefónicamente y por fax a la Administración la presente providencia a efectos de que suspenda de inmediato cualquier actividad material de ejecución de la expulsión», señala la providencia dictada por el tribunal, presidido por el magistrado José Luis Sánchez Díaz.

La paralización de la expulsión seguirá vigente «hasta que se proceda a la resolución por el tribunal de la medida cautelar solicitada en el procedimiento» por CEAR, quien todavía debe designar a un procurador para que su recurso pueda ser tramitado.

Este miércoles, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, alegó que el Ministerio del Interior había denegado 17 solicitudes de asilo de los saharauis que llegaron a Fuerteventura el 5 de enero porque no se ha podido acreditar que sufran «persecución individualizada» por parte de Marruecos.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Zapatero respondió una pregunta del portavoz del PNV, Josu Erkoreka, que le pidió «rectificar» esa decisión porque todos huyeron de un territorio donde se han acreditado «objetivamente» persecuciones y torturas.

Zapatero alegó la aplicación de la Ley de Asilo para argumentar que cinco solicitudes hayan sido admitidas a trámite y otras 17 hayan sido denegadas, y subrayó que esa legislación fue modificada para ampliar las garantías, mejorar el procedimiento y acortar los plazos de concesión.

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