La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) exigió este miércoles al Gobierno que obligue a las nuevas entidades de ahorro surgidas como consecuencia de la norma aprobada en 2010 a mantener la obligatoriedad legal de revertir sus beneficios en la sociedad en las mismas condiciones que lo han hecho las cajas hasta ahora.
La confederación manifestó su preocupación por el futuro de las cajas de ahorros y sobre todo por sus obras sociales, «cuya inversión total no para de descender como consecuencia de la crisis económica».
Tras conocer el anuncio realizado por el Ejecutivo de que nacionalizará las cajas de ahorros que no alcancen un mínimo de capital de máxima calidad, el presidente de Cocemfe, Mario García, señaló que, «sin duda, puede empeorar mucho la situación, pues sus beneficios van a experimentar un nuevo descenso y por tanto la obra social va a caer aún más».
«Esto en el mejor de los casos», prosiguió García, quien apuntó que con la nueva regulación las cajas de ahorros pueden transformarse en bancos, con lo que tendrán también que pagar dividendos «y se reducirán aún más los beneficios».
Cocemfe recordó que la obra social de las cajas de ahorros proporciona a las entidades de personas con discapacidad una financiación «importante» para desarrollar sus programas de atención, construcción de centros, prestación de servicios, organización de actividades, etc.
De hecho, concluyó la entidad, más de un 60% de los programas financiados por obras sociales están dirigidos exclusivamente a personas con discapacidad.
