La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha asegurado este miércoles en el Congreso de los Diputados que el deslinde de Empuriabrava (Girona) «en ningún caso va a suponer el derribo de una sola edificación» y que todas las acciones previstas para la costa girondense se llevarán a cabo a través del diálogo con las instituiones y con los ciudadanos interesados.
Aguilar ha expresado ambos compromisos después de que la diputada de CiU Montserrat Surroca manifestara su inquietud por el impacto del proceso de deslinde que se está realizando en la costa girondense, por el cual «están en vilo muchísimas personas», especialmente propietarios de parcelas y amarres y empresarios de la zona, de «destacable actividad económica».
En este sentido, la ministra ha recalcado que todos los expedientes se llevarán a cabo bajo el «respeto a los intereses individuales y colectivos» e intentando buscar «la mejor solución posible dentro del marco legal establecido». La ministra ha recordado que el proceso de deslinde está realizado en un 81 por ciento y que el resto de los expedientes se encuentran actualmente en tramitación.
Tras hacer alusión a un informe de la Abogacía del Estado que, según ella, reconoce la «singularidad» de Empuriabrava, Surroca ha cuestionado el encaje de la ley de costas en este y otros territorios, debido a su singularidad. En este sentido, la ministra ha reconocido que Girona tiene «dificultades añadidas» con respecto a otras zonas, ante lo que se ha comprometido a actuar con «cautela» y «a través del diálogo con las instituciones y con los ciudadanos interesados».
Así, ha precisado que en el caso de la urbanización de Santa Margarita de Roses el Ministerio está trabajando junto a la Alcaldía, mientras que en lo que respecta al caso de la Marina de Santa Margarita mantiene un diálogo con la Generalitat. En cuanto al deslinde de Empuriabrava, ha destacado que éste fue aprobado en diciembre pasado previo informe de la Abogacía del Estado y que se limita a incluir la lamina de agua que ya estaba incluida desde que se otorgó la concesión en 1980.
La ministra ha realizado una propuesta de diálogo al grupo parlamentario de CiU con el objetivo de, «desde el respeto y la lealtad», buscar una solución adecuada a un problema que afecta a la ciudadanía.
