La Audiencia Nacional decidió este viernes autorizar la expulsión de 13 saharauis que llegaron en patera a Fuerteventura el pasado 5 de enero, en tanto que el próximo lunes dilucidará sobre la situación de otros tres ciudadanos de este grupo que manifestaron ser del Sáhara Occidental.
«No ha lugar a acordar la suspensión de la ejecución de la orden de salida del territorio nacional», señala la parte dispositiva de los autos dictados por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que ordenó comunicar esta resolución por fax al Ministerio del Interior.
El tribunal aseguró que no hay indicios que revelen �que las autoridades marroquíes persigan de manera sistemática y generalizada a los saharauis por causa de su origen étnico� y que tampoco existen pruebas de que las personas que viven en los campamentos de refugiados «sean susceptibles de ser detenidas».
De esta forma, la Audiencia Nacional resolvió desestimar parcialmente las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) para impedir la expulsión de 16 saharauis que llegaron a Canarias a comienzos de este año.
Estas personas formaban parte de un grupo de 22 ciudadanos que manifestaron ser saharauis y que solicitaron asilo alegando que habían huido de la represión marroquí tras el desalojo del campamento de Agdaym Izik.
El Ministerio del Interior admitió a trámite la petición de asilo de 5 de los 22 saharauis, y 16 de los 17 restantes recurrieron esta decisión ante la Audiencia Nacional, asesorados por CEAR.
Las autoridades trasladaron a los ciudadanos a los que se denegó el inicio del procedimiento para la concesión de asilo desde Fuerteventura al Centro de Internamiento de Emigrantes de Barranco Seco, en Las Palmas, con la intención de repatriarlos en avión hasta el Sáhara Occidental.
Sin embargo, la Audiencia Nacional ordenó el pasado miércoles paralizar esta devolución hasta que resolviera la petición de CEAR de conceder una medida cautelar que evitara la expulsión de los saharauis hasta que se resolviera la admisión a trámite del recurso, para el que esta entidad debía designar a un procurador.
