Cascos resalta que «las dulces oposiciones hacen más cómodos los gobiernos» pero conducen «al relajo de los controles»

El ex vicepresidente del Gobierno Francisco Alvarez-Cascos ha resaltado este sábado que «las dulces oposiciones hacen más cómodos los gobiernos, pero conducen con frecuencia al relajo de los controles y terminan casi siempre obligando al control judicial a intervenir en la gestión política, para corregir los excesos».

De este modo ha hecho referencia a la investigación que se está llevando a cabo por supuestas irregularidades en adjudicaciones, y que ha conllevado la detención y entrada en prisión del ex consejero de Educación y Ciencia del Principado José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general de Planificación y Centros María Jesús Otero, y la funcionaria Marta Renedo; así como la detención de los empresarios Victor Manuel Muñiz Menéndez, de la empresa Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, de Almacenes Pumarín, que se encuentran en libertad con cargos.

Alvarez-Cascos ha señalado, durante un acto de Foro Asturias celebrado en Siero, que «no deja de resultar chocante la catarata de iniciativas de control que ahora, a posteriori, se cruzan unos y por otros, en contraste con la falta de iniciativas de control no realizadas en estos años en que ocurrieron los hechos que desembocaron en la actuación judicial».

«A tenor de las medidas cautelares adoptadas, la gravedad de los sucesos es incuestionable y daña irreparablemente la imagen de la administración y del gobierno asturiano», considera el también ex ministro de Fomento del Partido Popular con el ex presidente José María Aznar.

Para Cascos, cuando se conocen este tipo de noticias lo primero que piensa es que «la política y la justicia son dos ámbitos que no pueden ni deben confundirse». «Estamos todos obligados a contribuir para que se mantengan independientes, empezando por resistir la tentación de cruzar opiniones más o menos oportunistas», dice.

Así, considera que «hay en este caso una evidente responsabilidad política por omisión de gobiernos y oposiciones en distintas instituciones asturianas que no puede ser encubierta con declaraciones altisonantes a toro pasado».

Además, incide en que «el respeto a la presunción de inocencia tiene que demostrarse con todos los ciudadanos, y, si se me permite un gesto de caballerosidad que tal vez no sea correspondido por otros, tiene que demostrarse antes con el adversario que con el correligionario».

«Lo proclamo una vez más», ha indicado repitiendo que «la desconfianza» que le produce «una Comisaría General de Policía Judicial dirigida por quien responde a las siglas JAG y su camarilla no es diferente por el color político de las personas supuestamente investigadas». «En todo caso, no es nunca razonable emitir una opinión responsable mientras el secreto de un sumario impida conocer los hechos de los que se derivan graves responsabilidades penales», sostiene.

De este modo, no ha querido «mezclar los discursos políticos con acusaciones sobre responsabilidades penales en fase de instrucción», y ha resaltado que «los que tienen que dar explicaciones y los que tienen que exigir responsabilidades políticas, que lo hagan donde debería de haberlo hecho ya, en la Junta General del Principado».

«Allí el Gobierno y la oposición están obligados con urgencia a cumplir con su deber institucional de informar y controlar. Que nadie se queje cuando los silencios de los parlamentos los sustituyan los ‘tribunos de la plebe’. Y mucho menos que nadie se extrañe si los ciudadanos censuran la mala administración y también los ejercicios de distracción de quienes no están a la altura ni como gobierno ni como oposición», concluye.

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