La diputada del BNG en el Congreso Olaia Fernández Dávila ha asegurado que el decreto ley del ‘plan de choque’ contra el desempleo juvenil y de larga duración, que incluye bonificaciones para la contratación a tiempo parcial y la nueva ayuda de 400 euros que sustituirá a la de 426 euros a partir del 15 de febrero, «promueve la precariedad más extrema entre la juventud».
A su juicio, ante la alta tasa de desempleo juvenil y la temporalidad entre los jóvenes, lo que el Gobierno debía haber hecho era «promover el empleo estable y combatir la inseguridad» y alerta del riesgo de que la medida cause un «cambio en la conducta de las empresas», que puede «despedir o negarse» a renovar los contratos de las personas con contrato a tiempo completo.
Asimismo, considera que el objetivo del Gobierno en la reforma de las políticas activas de empleo es «recentralizar competencias», convirtiendo a las comunidades en «meros ejecutores» de los fondos de las políticas de empleo.
