La defensa de Renedo afirma que la ex funcionaria asturiana está en prisión como «venganza social»

El letrado de la ex funcionaria, Marta Renedo, en prisión provisional desde el 26 de enero, implicada en una supuesta trama de contrataciones ilegales en el seno del Gobierno regional, ha apelado este miércoles en una vista en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias a la presunción de inocencia de su clienta y ha señalado que está sufriendo una «venganza social».

El abogado Luis Tuero ha pedido la revocación del auto de prisión al argumentar que Renedo no se ha fugado en el último año en el que ya estaba imputada en este asunto pese a conocer los hechos de los que se la acusan y ha señalado que tampoco hay riesgo de alteración de pruebas porque si hubiese querido ya lo hubiese hecho, además del arraigo social que la une a Asturias, casada y con dos hijos, y de que tiene embargados sus bienes.

También ha descartado que pueda reiterar la actividad delictiva, porque tampoco durante este año de investigación. Por todo ello, ha señalado que o hubo una negligencia hace un año o un error ahora, con alusión al año que estuvo en libertad provisional. Para Tuero, está claro que se trata de un error y lo ha vinculado con la alarma social desatada tras la detención de dos de los otros imputados, el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, y la directora de Planificación, María Jesús Otero.

Es más, ha indicado que si bien no tiene impuesta una pena jurídica, sí social, por lo que ya se le ha causado un perjuicio antes de que sea juzgada. Según él, la alarma social solo es para casos que puedan perturbar el orden público y ha indicado que podría verse como «venganza social».

Ha recalcado, además, que su clienta ni salió del país en el último año ni hizo transferencias al extranjero. Es una «falacia» que quiera fugarse, según él. Además, ha incidido en que su estancia en prisión provisional podría considerarse como pena anticipada, lo que pone en juego el derecho fundamental a la presunción de inocencia. «Está confinada en un centro penitenciario para que no se escape, cuando si lo hubiera querido ya lo hubiera hecho», ha insistido.

Por su parte, la Fiscalía mantuvo su petición de prisión provisional para la ex funcionaria al insistir que existe el riesgo de fuga y la posibilidad de alteración de pruebas. La fiscal María Luisa García ha apuntado que no se puede argumentar que no se fugó en este último año, ya que por su declaración se traduce que pensaba que sólo se le investigaba por una supuesta incompatabilidad en la Administración, cuando se la acusa de delitos más graves.

También ha recalcado que fue capaz de suplantar la identidad de otra persona cogiendo los datos personales a los que tenía acceso y abrir sociedades para malversar caudales públicos. «Si no existe riesgo de alteración de pruebas en esta señora, a ver en quién va a existir», ha apostillado.

Además, ha echado abajo la defensa hecha por Tuero de la presunción de inocencia y ha rechazado que se hagan demagogias, al recordar que hay otro lado del Derecho, «el de las víctimas y perjudicados» que, según ella, tienen derecho a que la Justicia actúe. «Existen indicios más que sobrados», ha dicho, sobre la participación de Renedo en delitos «gravísimos» y con empresas que están siendo investigadas.

En este sentido, se ha pronunciado también el abogado que representa al Principado, Juan Serra, solicitando la prisión provisional para la ex funcionaria coincidiendo con el argumento del ministerio fiscal.

Serra ha apuntado a una serie de contradicciones en la declaración de Renedo y ha ironizado con que, si es verdad que conocía la gravedad de los delitos que se le imputan desde hace un año, «lo ha disimulado», con alusión a que pidiera su reincorporación a su puesto de trabajo y apelara el pasado enero contra la suspensión de empleo y sueldo diciendo desconocer la investigación.

Sobre ella, ha dicho que el Principado ha descubierto falsificaciones en documentos oficiales y malversación de caudales públicos, entre otros delitos. Además, ha recordado que, al contrario que en el caso de Riopedre y Otero, es una mujer mucho más joven, con una formación que le permite trabajar en cualquier lugar y que pensaba que le podía caer entre uno o dos años de prisión.

También la abogada de la acusación particular que representa a la cajera a la que Renedo suplantó la identidad, Graciela Lagunilla, ha ratificado que el auto de prisión provisional está «justificado», ya que además la investigación sigue abierta. Lagunilla basó su argumentación en la gravedad de los hechos, la alarma social y la posible alteración de pruebas, mientras que en el caso de riesgo de fuga se basa en lo dicho anteriormente por la fiscal.

«Hechos pasados, no prejuzgan hechos futuros», ha indicado, no obstante, sobre que no se haya fugado en un año. «No sabía lo que tenía encima», ha asegurado sobre la gravedad de los delitos imputados a la ex funcionaria.

Lagunilla le ha recriminado que se enriqueciera a costa de personas de la calle que pagan sus impuestos y ha señalado que en su declaración, no reconoció más que un caso de incompatibilidades profesionales. También apuntó, en cambio, la ex funcionaria que alguien le dio una tarjeta de crédito para que la usara a cambio de mirar hacia otro lado.

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