Un tercio de los 3.500 trabajadores pertenecientes a la red de 88 Cámaras de Comercio de España han constituido una asociación para defender la existencia de estas instituciones en protesta por el decreto del Gobierno que suprime la obligatoriedad de las cuotas camerales.
A partir de ahora, los empleados los organismos camerales están representados por la Asociación de Empleados de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España y de su Consejo Superior y Consejos Regionales.
Para esta recién estrenada asociación, el decreto de diciembre afecta «profundamente» a la financiación de las Cámaras y al sostenimiento de sus plantillas de profesionales, de las que pone en valor sus servicios prestados de forma voluntaria a las empresas que los solicitan.
Entre sus principales cometidos, la nueva representación de los empleados de las Cámaras también intentará poner de relieve las contradicciones jurídicas del decreto, pues consideran que imposibilitan la compaginación de actividades de prestación de servicios remunerados con el desempeño de competencias públicas legales.
HACEN LLEGAR SUS CRITICAS A SALGADO.
En una asamblea celebrada en Madrid, la asociación se ha fijado los planes de actuación para promover la defensa del modelo cameral y difundir y explicar las consecuencias de la nueva regulación.
De hecho, la organización ya ha dirigido sus críticas hacia la vicepresidenta económica, Elena Salgado, los gobiernos regionales y la Oficina del Defensor del Pueblo, y ha anunciado que hará lo propio con los partidos políticos y los sindicatos.
