El Gobierno aprobó hoy, a propuesta de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, un real decreto que reordena la estructura de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).
Mediante la aprobación de este nuevo real decreto se pretende modernizar el contenido regulador y adaptarlo a los escenarios actuales en la materia, así como facilitar el desarrollo de los fines de la organización dentro del régimen de tutela ejercido por el Estado.
La ONCE está configurada como una corporación de derecho público de carácter social y sin ánimo de lucro que tiene como fines la autonomía personal y la plena inclusión social de las personas ciegas afiliadas a la misma.
Además, desarrolla una labor de cooperación y solidaridad activa con otras personas con discapacidad no visual, tanto a través de la Fundación ONCE como de la integración laboral directa de los mismos. Estos fines se financian desde su creación con los rendimientos obtenidos con las modalidad de juegos autorizadas por el Estado.
Según el Gobierno, los cambios en los escenarios de juego como producto de consumo y la evolución del juego por canales no tradicionales, concretados en la futura Ley del Juego (que se encuentra en tramitación parlamentaria), requieren la adaptación de las corporaciones de derecho público tuteladas por el Estado a estos nuevos paradigmas.
Se da una nueva redacción a la misión social y los fines de la ONCE, para adecuar los conceptos y terminología a la política social actual. Se fortalece la misión social y se establecen con claridad los grandes fines sociales de la ONCE, acogiendo las nuevas concepciones y terminologías de la moderna legislación española sobre igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, así como el espíritu y marco de referencia que implica la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
Este real decreto también recoge el compromiso de la ONCE de desarrollar sus actividades relacionadas con el juego con arreglo a la normativa y estándares establecidos por las asociaciones de que forma parte en materia de juego responsable. En esta materia se hace especial hincapié en la prohibición del juego para los menores, la prevención del juego excesivo, del fraude y del blanqueo de capitales.
También en materia de juego, se requiere la cooperación de la ONCE con el Estado al objeto de erradicar la comercialización de juegos ilegales, en el marco de la lucha contra el fraude que dichas actividades suponen, y con el objeto de proteger a los consumidores evitando los efectos perniciosos de la actividad del juego ilegal.
Además, este real decreto desarrolla la posibilidad de suscripción por parte de la ONCE de acuerdos con otros operadores de juego habilitados para operar en países del Espacio Económico Europeo, incluida en el Acuerdo del año 2009.
Por último, se introducen algunos ajustes organizativos y técnicos en coherencia con el principio de autoorganización inherente a toda corporación de derecho público, así como cambios en la denominación de los órganos y los cargos para adecuarlos a la presente estructura de departamentos de la Administración General del Estado.
