«Resulta obligado», según los principios del Estado de Derecho, permitir la inscripción en el Registro de Partidos Políticos de Sortu y, con ello, su actividad política, «pues la prueba practicada» en el Tribunal Supremo, en la vista celebrada para estudiar las demandas presentadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, «no ha logrado desmentir que se trata de un intento de una parte, al menos, del mundo abertzale de que en el País Vasco sean defendidas determinadas aspiraciones políticas independentistas por vías estrictamente políticas, abandonando la violencia y toda connivencia con ella, como exige el Estado constitucional» …
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