Al menos 18 activistas de la organización ecologista Greenpeace se han encaramado este sábado a la plataforma petrolera Leiv Eiriksson, a 180 kilómetros de Groenlandia, lista para perforar, con el objetivo de exigir un plan de contingencias ante vertidos a la petrolera escocesa Cairn Energy, ya que consideran que un vertido de petróleo en el Artico supondría un «desastre irreversible».
«Cairn Energy (compañía titular de la plataforma petrolófera) está ocultando su plan de respuesta ante vertidos de hidrocarburos, así que vamos directamente al sitio donde debería haber una copia del mismo», ha denunciado el responsable de la campaña de petróleo de Greenpeace Internacional, Ben Ayliffe.
El portavoz de la organización no gubernamental ha explicado por qué la empresa no quiere dar a conocer el plan de contingencias ante vertidos. «Los expertos dicen que a causa de las temperaturas bajo cero y de la ubicación tan remota, un vertido en aguas profundas en este ambiente tan impresionante supondría un desastre irreversible. Si se publicase el plan, quedarían al descubierto los peligros que conlleva invertir en una empresa de alto riesgo», ha señalado Ayliffe. «Tenemos que detener la fiebre del petróleo del Artico», ha reinvindicado.
Por su parte, la petrolera escocesa, que se ha negado a publicar el plan, ha reconocido que los trabajos de perforación supondrán que al menos 9.000 toneladas de sustancias químicas tóxicas se viertan en las aguas del estrecho de Davis. Asimismo, documentos confidenciales del Gobierno británico, publicados el mes pasado, reflejan la opinión de los expertos sobre que un vertido de petróleo en el Artico sería casi imposible de limpiar.
La semana pasada dos activistas impidieron la perforación de petróleo durante cuatro días, al permanecer en una cápsula de supervivencia ártica suspendida de la base de la plataforma Leiv Eiriksson. Los abogados de Cairn han decidido abrir un procedimiento judicial contra la organización no gubernamental, alegando que cada día que la plataforma no puede perforar, pierden cuatro millones de dólares, (unos 2,7 millones de euros). De esta manera, la compañia titular de la plataforma pide dos millones de euros de multa por cada día que los activistas permanecieron en la Leiv Eiriksson.
