La Plataforma en defensa de la enseñanza concertada ha afirmado que el Govern les adeuda más de seis millones de euros en concepto de gastos de funcionamiento de los que dependen las nóminas de entre 800 y 1.000 trabajadores de las islas de personal no docente.
El portavoz de la Plataforma, Bernat Alemany, ha dicho en una rueda de prensa que algunos centros han tenido que recurrir ya a préstamos bancarios para poder hacer frente a sus gastos de funcionamiento. Asimismo, ha advertido de que no tienen la seguridad de que todos los centros puedan cubrir las nóminas del personal no docente de junio, mes especialmente complicado por tener que desembolsar la paga extra de verano, si no acceden a créditos financieros.
Alemany ha puntualizado que esta situación no puede alargarse mucho más ya que de lo contrario habrá centros que no podrán asumir los intereses de estos préstamos si se prolonga mucho.
Asimismo, ha subrayado que aunque todavía no han dejado sin pagar ninguna nómina, ven «difícil» que puedan comenzar el próximo curso escolar si en julio siguen sin percibir los pagos del Govern.
Los trabajadores posiblemente afectados por el retraso de los pagos es el personal no docente, es decir, empleados de administración y servicios como los de limpieza, mantenimiento o recepción entre otros. Los salarios del personal docente están sujetos a un sistema de pago delegado, que es abonado directamente desde la Administración.
Alemany ha indicado que los cerca de 110 centros concertados de la comunidad llevan cuatro meses «sin ingresar ninguna cantidad en concepto de gastos de funcionamiento». El portavoz ha explicado que estas cantidades derivan del concierto educativo que tienen con el Govern.
Desde la Plataforma han querido dar un toque de atención al nuevo Govern entrante para que tenga en cuenta la situación en la que se encuentran los centros de la enseñanza concertada, al tiempo que han confiado en que el futuro ejecutivo tenga capacidad para solventar este problema.
Alemany ha dicho que la Conselleria de Educación y Cultura no les ha informado de las causas de estos retrasos ni del calendario en el que podrían abonar los pagos atrasados. La Plataforma ha solicitado al Govern una certificación que demuestre que no les está pagando con el objetivo de que loa centros puedan acudir a financiación externa en caso de necesidad.
