La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y presidenta en funciones, Esperanza Aguirre, anunciará mañana, en la primera sesión de la Cámara regional del debate de investidura, su intención de reformar la Ley Electoral para lograr �que los ciudadanos se sientan mejor representados� en la Asamblea de Madrid.
Para ello propondrá en esta Legislatura dividir la Comunidad de Madrid en circunscripciones para que el voto ciudadano valga lo mismo en cualquier parte del territorio, así como desbloquear las listas electorales, �de modo que el votante pueda expresar sus preferencias dentro de las listas presentadas� por los partidos políticos.
Aguirre pretende un nuevo sistema de listas electorales no bloqueadas, a través del consenso, con el objetivo de que dentro de cuatro años, en las siguientes elecciones autonómicas, los madrileños puedan decidir qué personas de las listas quieren que les representen, establecer un orden de preferencia e incluso tachar a aquellos que no les consideren aptos para el cargo.
Aguirre presentará un conjunto de medidas encaminadas a fomentar la eficacia, transparencia y austeridad en la Administración pública que pasan por la clarificación de servicios y competencias entre comunidad autónoma y ayuntamientos.
Una de sus primeras medidas será la constitución de una Comisión Mixta entre la Asamblea de Madrid y los ayuntamientos de la región, que presidirá la propia Aguirre, que determine �con claridad� las competencias de los municipios y la Comunidad �para evitar las duplicidades� de los servicios que se prestan al ciudadano, y la racionalización en la financiación de los mismos.
Las líneas maestras de su discurso de investidura girarán en torno a la austeridad, control del gasto, equilibrio presupuestario, bajada de impuestos y libertad de elección.
En este sentido, se comprometerá a reducir �aún más� los coches oficiales, tras haber dejado a la mitad los correspondientes al servicio de los altos cargos, pasando de 139 a 73.
También pretende reagrupar servicios y oficinas de la Comunidad de Madrid �para poner en venta todos los edificios� de la Administración autonómica �que no sean imprescindibles�.
Esta medida forma parte de la ya iniciada en el último año que ha permitido a las arcas públicas un ahorro de siete millones de euros en el alquiler de edificios.
