El Consejo de Ministros aprobó este viernes la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley para la reforma de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó que se ha adoptada esta iniciativa para ganar «eficacia» en la inspección y » adaptarla al nuevo esquema competencial».
El Gobierno quiere reforzar la Inspección de Trabajo convirtiéndola en un instrumento «más especializado y con mayor capacidad en la lucha contra el fraude».
Además, quiere dotarla de «mejores medios tecnológicos para hacer frente a los nuevos retos, y nuevos funcionarios especializados en materias de seguridad y salud».
Por otra parte, se busca «dotarla de una organización más adecuada al actual escenario competencial y que permita una mejor cooperación entre las administraciones general y autonómicas».
Con esos objetivos, se incrementarán las facultades del personal «para conseguir una mayor capacidad en la lucha contra el fraude, especialmente en materia de contratación y trabajo de menores».
En este sentido, se creará una nueva escala de subinspectores especializados en seguridad y salud que permitirá incrementar las actuaciones de vigilancia del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
El Ejecutivo propone también establecer un marco jurídico que preserve la unidad de la institución y la haga compatible con el ejercicio de competencias sobre la función inspectora por parte de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas.
