Los ministros de Industria de la UE celebran mañana una reunión extraordinaria en Luxemburgo en la que pretenden aprobar, tras una década de negociaciones, la creación de una patente única europea que reducirá un 80% los costes para los innovadores y será válida en 25 Estados miembros, excluyendo a España e Italia.
Los dos países han decidido no participar por considerar que discrimina a sus lenguas respecto a francés, inglés y alemán, y han denunciado el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Madrid y Roma han venido bloqueando el acuerdo sobre la patente, que debía adoptarse por unanimidad, durante el último lustro. Pero para sortear este veto, el resto de Estados miembros lanzaron en marzo una ‘cooperación reforzada’ que les permite avanzar sin España e Italia.
Según el acuerdo que se cerrará mañana, las solicitudes de la nueva patente única podrán presentarse en cualquier idioma, aunque se examinarán y concederán en inglés, francés y alemán. Si una empresa presenta una solicitud en un idioma diferente, se le devolverá el coste de la traducción.
Además, durante un período transitorio de doce años como máximo, deberán traducirse al inglés las patentes que se hayan concedido en francés o alemán. Las concedidas en inglés deberán traducirse a otra de las lenguas oficiales de la UE. Esas traducciones serán exigidas mientras no exista una traducción automática de alta calidad que garantice el carácter accesible de la información de la patente. Las traducciones suplementarias durante el período transitorio contribuirán directamente a la creación de traducciones automáticas de alta calidad.
Según los cálculos del Ejecutivo comunitario, el coste de la patente única se reducirá de los actuales 32.000 euros que cuesta ahora para 27 países hasta 2.500 para 25 países en el periodo transitorio y 680 euros al final del proceso. Si la patente única se valida también en España e Italia, ello supondría un coste adicional de alrededor de 3.000 euros.
Las empresas españolas e italianas podrán utilizar la patente única comunitaria aunque sus respectivos países de origen no participen en la cooperación reforzada. Pero todavía queda pendiente de resolver uno de los pilares fundamentales del nuevo sistema, el mecanismo de resolución de litigios.
El Ejecutivo comunitario ha propuesto que los Estados miembros que participen en la cooperación reforzada creen un tribunal independiente con competencia exclusiva. El Tribunal de Justicia de la UE ya declaró ilegal una solución similar por considerar que le usurpaba indebidamente competencias y también a los tribunales nacionales.
