El Gobierno de Siria ha fechado este lunes para el próximo 10 de julio el diálogo nacional que prometió en su momento el presidente del país, Bashar al Assad, que precisamente ha vuelto a cargar contra los supuestos «grupos armados» que protagonizan las protestas contra su Ejecutivo.
La agencia estatal SANA ha dicho que en el marco del diálogo entre Gobierno y oposición se discutirán posibles enmiendas constitucionales, entre ellas cambios en un artículo en base al cual el partido Baaz es el centro de la vida política siria u otros relacionados con elecciones, administración local o información.
La denominada «comisión del diálogo nacional», encabezada por el vicepresidente, Faruk al Charaa, ha sido la que ha convocado el encuentro para el 10 de julio tras los contactos mantenidos con representantes políticos e intelectuales. La comisión confía en que «todos los ciudadanos sirios» participen «en la edificación de una sociedad democrática pluralista que responda a las aspiraciones de la población».
El anuncio coincide con un encuentro mantenido este lunes en Damasco por «personalidades sirias independientes y de la oposición» y que se ha titulado ‘Siria para todos a la sombra de un Estado democrático civil». Durante la reunión se han discutido «la situación actual en Siria y medios para salir de la crisis», según SANA.
Al Assad, por su parte, ha recibido este lunes al senador estadounidense Dennis Kosinic y al diputado británico Brooks Newmark. A ambos les ha transmitido su versión de los acontecimientos en Siria haciendo hincapié en «la necesidad de distinguir entre las exigencias justas de los ciudadanos, que el Estado satisface a través de decretos y leyes, y las de los grupos armados que explotan estas exigencias para causar problemas y desestabilizar el país».
El Gobierno mantiene que quienes salen a las calles para protestar contra el régimen lo hacen bajo la batuta de «grupos armados», al tiempo que trata de limpiar las calles de lo que ha denominado «armas ilegales». El Ministerio del Interior ha dado este lunes un plazo de 15 días a los ciudadanos para entregar estas armas en el puesto de Policía más próximo, a cambio de evitarse posibles cargos.
