Nueva Rumasa denuncia al despacho Martínez-Echevarría por aprovechar su crisis para captar clientes

Nueva Rumasa ha presentado una denuncia ante el Colegio de Abogados contra el despacho Martínez-Echevarría Pérez y Ferrero Abogados por violación del Código Deontológico, al entender que «se ha aprovechado de la situación mediática del grupo para, conculcando las normas deontológicas, hacerse publicidad y captar a los inversores en su beneficio.

Según informa el holding de la familia Ruiz-Mateos en un comunicado, este bufete ha solicitado a cada inversor interesado una provisión de fondos inicial de 6.500 euros.

El despacho Martínez-Echevarría interpuso ante la Audiencia Nacional, en representación de 63 inversores, una querella, ya admitida a trámite, contra Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, y sus seis hijos varones, por presuntos delitos de estafa e insolvencia punible.

También ha asesorado a 150 inversores en la presentación ante diferentes juzgados del país de otras tantas demandas civiles individuales por incumplimiento en el pago de los intereses de los pagarés y ultima la formalización de una demanda de responsabilidad civil en los juzgados de lo Mercantil de Madrid, en la que se solicita el embargo del patrimonio y los bienes personales de los administradores de las diferentes sociedades de Nueva Rumasa para cubrir las deudas contraídas.

«Ruiz-Mateos advierte a sus inversores de que no se dejen embaucar por algunos despachos de abogados como Martínez-Echevarria, ya que están aprovechándose de esta situación para hacer negocio con altos intereses mercantiles y no cuidando necesariamente los intereses de los inversores», señala el comunicado.

En opinión del empresario, «parece a todas luces inmoral que abogados –que perciben «honorarios», vocablo que evidentemente deriva del término «honor»– se atrevan a efectuar convocatorias públicas para captar clientes bajo la peregrina excusa de la iniciación de procedimientos incluso civiles contra determinadas personas, físicas y jurídicas».

Ruiz-Mateos considera que el bufete «obvia el hecho innegable de que (las sociedades) se encuentran en situación concursal, por lo que están sumamente limitadas las posibilidades de accionar contra ellas y por supuesto restringida la competencia, solicitando pese a ello provisiones de fondos de miles de euros».

El octogenario empresario insiste en lanzar un «mensaje de tranquilidad a sus inversores» y vuelve a incidir en que «está buscando soluciones para hacer frente al reembolso de los pagarés».

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