El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado este jueves un decreto que, con fecha 30 de julio y entrada en vigor el 1 de julio, «extingue el organismo autónomo Administrativo Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación.
El Gobierno regional justifica esta decisión explicando que la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2011 permite «reestructurar, modificar y suprimir organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos, creados o autorizados por Ley, dando cuenta a la Asamblea en un plazo de 30 días desde su aprobación, por razones de política económica, presupuestaria u organizativa».
Dicho esto, el Decreto explica que la Consejería de Asuntos Sociales asumirá las competencias en materia de Mujer y de Inmigración y añade que, «con objeto de optimizar la eficacia en la actuación de la Consejería en las materias que se asumen y avanzar en los principios de austeridad y contención del gasto público, se procede a suprimir este organismo».
El personal funcionario y el laboral que estuviera adscrito a este organismo autónomo pasará a depender, según se establece en dicho Decreto, de la Consejería competente en materia de inmigración (Asuntos Sociales).
Precisamente este jueves, el vicepresidente y portavoz regional, Ignacio González, ha anunciado el inicio de los trámites para proceder a la supresión de la empresa pública Mintra, que es la que se encargaba de las ampliaciones de la red de Metro de Madrid.
Así, el Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley de extinción de esta empresa pública y su remisión a la Asamblea de Madrid para su tramitación, algo que el ‘número 2’ del Gobierno regional ha enmarcado «dentro de las políticas de reducir el peso de la administración autonómica, el número de empresas (públicas) y el gasto público».
La extinción de Mintra supone la integración de las funciones que desarrollaba en la Dirección General de Infraestructuras, que será la que, por tanto, asumirá este tipo de tareas a partir de este momento.
Preguntado por si esta medida puede suponer el despido de los trabajadores de esta empresa pública, González ha dicho no saberlo. «No lo sé, pero en todo se aplicará lo que establezca la Ley y se reconocerán los derechos que tengan los trabajadores de la empresa. Seremos respetuosos con el cumplimiento de la Legislación», ha advertido.
«Si procede y es procedente algún despido se hará con sus derechos y si hay que reubicarlos (a los trabajadores) se reubicarán tal y como establece la normativa», ha añadido González, que ha dicho que no hay más lectura posible en esta supresión que la de reducir costes económicos, cantidades que no ha podido precisar.
