Las comercializadoras de electricidad deberán presentar facturas desglosadas y disponer de un servicio gratuito de atención telefónica al cliente, según consta en el anteproyecto de ley del Sector Eléctrico, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de este viernes.
El anteproyecto estipula además un sistema de multas por incumplimiento de las nuevas normas por parte de las comercializadoras e introduce el concepto de consumidor vulnerable de luz, que quedará asimilado al bono social ya en práctica.
Junto a esto, exige a los comercializadores que cumplan con los plazos de cambio de suministrador y estipula que los incumplimientos de las nuevas normas pueden suponer para los comercializadores multas que no podrán sobrepasar el 10% del volumen neto de la cifra de negocios.
Esta normativa, remitida a las Cortes Generales, transpone la directiva comunitaria sobre electricidad y busca, entre otros aspectos, una mayor armonización de las competencias de los reguladores nacionales de energía, así como el fortalecimiento de su independencia.
Además, establece que la aplicación de mecanismos de cooperación comunitarios por parte de otros Estados miembros para el cumplimiento de sus objetivos de energía renovable no podrá afectar a la producción renovable nacional.
La nueva norma, indica el Ministerio de Industria en una nota, será remitida con carácter de urgencia al Parlamento para el inicio de su debate a partir del mes de septiembre y su posterior convalidación con rango de ley.
RED ELECTRICA
El Gobierno considera, en alusión de Red Eléctrica de España (REE), que la estructura del sistema eléctrico español ya cumplía con los requisitos de separación patrimonial de los activos de transporte establecidos por la Unión Europea.
Si bien no incorporan separaciones adicionales en REE, la norma recoge las limitaciones accionariales de la sociedad matriz a la que pertenece el operador del sistema, gestor de la red de transporte y transportista.
AUTORIZACIONES EN UN MES
Sobre la Función 14 de la CNE, conforme a la que se analizan operaciones significativas en el sector, la norma refuerza la necesidad de justificar la denegación de la autorización de adquisiciones sobre la base de la existencia de riesgos significativos y reduce a un mes el plazo de resolución de autorizaciones para evitar distorsionar los procesos de compraventa del mercado.
Como ya se hizo en el anteproyecto de ley del Sector de Hidrocarburos, se dicta que los actos y resoluciones adoptadas por la CNE en el ejercicio de sus funciones pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurridos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
