La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, anunció hoy en el Congreso una batería de medidas de control y transparencia de las entidades de gestión, para evitar que vuelva a repetirse un escándalo como el del fraude destapado en la SGAE, que, a su juicio, ha favorecido la reforma legal que aprobó Esperanza Aguirre cuando fue ministra de Cultura con el Gobierno de Aznar.
La ministra recordó que Aguirre promovió como titular de Cultura en 1997 una reforma que permitió a las sociedades de gestión crear sociedades mercantiles, facilitando así su opacidad.
El Gobierno se propone abordar una modificación parcial de la Ley de Propiedad Intelectual «que impida a las entidades de gestión la creación indiscriminada de fundaciones y sociedades mercantiles».
El Ejecutivo también promoverá que se hagan auditorías obligatorias para permitir el funcionamiento a todas las entidades de gestión, así como la aprobación de un régimen sancionador para las sociedades de esta naturaleza que no cumplan con sus obligaciones.
El paquete de medidas expuesto por González-Sinde tanto en el pleno por la mañana como en su comparecencia vespertina ante la Comisión de Cultura también incluye la de que Gobierno y comunidades autónomas aborden en la próxima Conferencia Sectorial de Cultura las competencias territoriales sobre las entidades de gestión y la forma de evitar la actual «laguna de control» que hay sobre estas sociedades a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1997.
«LAVARSE LAS MANOS»
En su comparecencia ante la comisión, la ministra defendió la actuación del Gobierno ante las entidades de gestión y en el caso de la SGAE. A su juicio, «parece que se ha querido transmitir la idea» de que su departamento «miró para otro lado o se lavó las manos» ante la gestión de la Sociedad de Autores y Editories, «pero nada más lejos de la realidad».
«No hay nada que el Gobierno pudiera haber hecho» en relación con la SGAE y «no haya hecho», remarcó González-Sinde, quien dijo que su departamento ha estado al tanto de todas las auditorías que se han hecho estos años a la SGAE y que no habían revelado ninguna anomalía.
En su opinión, el modelo de las entidades de gestión hay que cambiarlo porque se «permitió y alentó» hace años un crecimiento «sobredimensionado» a estas sociedades y de ello no es responsable este Gobierno.
«Las entidades de gestión deben seguir siendo entidades sin ánimo de lucro y su carácter mercantil debe ser excepcional, con autorizaciones y controles pertinentes».
Sinde insistió sobre el caso de la SGAE que una actuación irregular de unos individuos no puede «empañar» la buena labor que han hecho hasta ahora «siete de ocho entidades» sobre las que no pesa «ninguna sospecha ni reproche».
«TOMADURA DE PELO»
El portavoz del PP, José María Lasalle, acusó a la ministra de hacer «un ejercicio notable de elusión de responsabilidad política» al señalar a Esperanza Aguirre o a las autonomías como responsables de lo ocurrido en la SGAE.
«Decir que usted no es responsable porque existe una laguna legal y que el responsable es el PP supone una tomadura de pelo», dijo el diputado popular. «La sentencia del Constitucional no le exonera de responsabilidad», remarcó.
Sobre la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual planteada por Sinde, comentó que el PP es partidario de esa reforma, pero la abordará el próximo Gobierno de Rajoy y no el de Zapatero, que ya «no tiene tiempo» para acometerla.
Los representantes de los grupos nacionalistas censuraron a la ministra por culpar a las comunidades autonómas por el descontrol de las entidades de gestión, ya que creen que el Gobierno tiene potestad fiscalizadora de estas sociedades, y por anunciar modificaciones parciales de la Ley de Propiedad Intelectual.
