El PSdeG critica la «sumisión» de la Xunta «a los deseos de la familia Franco» de cerrar Meirás al público en agosto

La portavoz de Cultura del Grupo Socialista, Concepción Burgo, ha criticado con dureza la «sumisión» de la Xunta «a los deseos de la familia Franco» de cerrar el Pazo de Meirás al público durante el mes de agosto y ha registrado en el Parlamento gallego «una serie de iniciativas» para que el Gobierno gallego «exponga públicamente» qué motivos le llevan a «incumplir» la Ley de Patrimonio Cultural.

Así lo ha manifestado tras decidir la Xunta cambiar el programa de visitas y doblar en julio y septiembre los días de apertura del pazo para mantenerlo cerrado al público en agosto, alegando que la posibilidad de que éste estuviera habitado aumentaría los gastos en seguridad, pero, al tiempo, ajustarse a lo que exige la ley vigente en relación a garantizar el acceso al público un mínimo de cuatro días al mes a los Bienes de Interés Cultural (BIC).

Muy críticos con esta decisión, los gallegos han denunciado que la Xunta «se pliega a los deseos de la familia y a sus intereses» en una actitud «bochornosa» para un Gobierno «democrático». «Defiende únicamente sus intereses particulares», ha denunciado Burgo, tras alertar de que eso supone «incumplir» la ley que obliga a los dueños de bienes declarados BIC su apertura «un mínimo de cuatro días al mes».

«Es una decisión inaceptable porque supone un menosprecio a los derechos de los gallegos», ha advertido la portavoz socialista de Cultura, antes de denunciar también que, previamente, el Gobierno de Feijóo «dilató de forma innecesaria» su apertura al público y firmó un convenio que «en la práctica significa aceptar todas las peticiones de los Franco».

A modo de ejemplo, el PSdeG ha apuntado que la Xunta accedió también a que la visita al interior del pazo fuese «muy corta y limitada a muy pocas estancias», y a que las explicaciones de los guías «dieran una visión sesgada de su historia».

En este escenario, los socialistas quieren saber «cuáles» son ahora «los motivos» para anular las visitas públicas en este mes y si las mantendrán en 2012, puesto que el convenio «tiene una duración de un año», así como las condiciones y coste que ha asumido la Xunta con las empresas que gestionan las visitas y la seguridad.

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