El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid comenzará este lunes a tomar declaración a los 16 controladores aéreos imputados por el abandono de las torres de control que provocó el cierre del espacio aéreo los pasados 3 y 4 de diciembre.
Las comparecencias comenzarán este lunes con la declaración de cuatro controladores y se alargarán durante los días 19, 20 y 21 de julio, a partir de las 10:30 horas en las dependencias judiciales de Plaza de Castilla (Madrid).
El martes, día 19, está citado a declarar el presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Camilo Cela. El sindicato representa a más del 90 por ciento del colectivo y Cela el único miembro de la cúpula directivo imputado en la causa, aunque en calidad de controlar aéreo por abandonar su puesto en la torre de control el día que comenzó la huelga encubierta.
En la demanda, presentada por el despacho Cremades & Calvo-Sotelo en nombre de cerca de 10.000 afectados, se reclama una indemnización de 10.000 euros para cada pasajero, cuyo plazo de adhesión finaliza el próximo 3 de diciembre.
Los demandantes exigen responsabilidades a los controladores por los daños provocados por el caos aéreos originado en el pasado puente de la Inmaculada. Asimismo, junto a la acusación particular en el proceso penal, los abogados de los afectados han presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra AENA, que podría superar los 10 millones de euros.
El pasado 6 de mayo, la juez María del Sagrario Herrero admitió a trámite la demanda y ordenó la averiguación de la identidad de los controladores que atendían los turnos fijados para esos días para llamarlos a declarar.
Además, la juez pidió documentación a Presidencia del Gobierno y los ministerios de Defensa sobre la aprobación del Decreto de Estado de Alarma y la militarización de las torres de control, así como así todas las órdenes libradas al personal civil o a los funcionarios que se encontraban en los aeropuertos por parte de los militares.
La juez también solicitó al Ministerio de Interior que certificara los acuerdos alcanzados por el gabinete de crisis durante esos días y a la Policía Judicial de Barajas que aporte las órdenes recibidas durante el cierre del espacio aéreo.
