CCOO exige al Fiscal de Madrid una rectificación por acusar a funcionarios de la Justicia de no hacer bien su trabajo

CC.OO. Madrid ha exigido este martes al Fiscal Superior de Madrid, Manuel Moix, una rectificación pública de la Memoria de la Fiscalía de 2010, entregada ya a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, por considerar que se ha acusado a los trabajadores de la Administración de Justicia de no hacer correctamente su trabajo.

Según explican, en dicho documento se comprueba que 27,67 por ciento de los delitos cometidos en Madrid aparecen sin clasificar y el Fiscal Jefe afirma que «la única explicación es la inadecuada utilización de la aplicación por el usuario que no ha grabado el tipo de delito, al resultarle más sencillo incluirle en el apartado genérico sin especificar».

CC.OO. mantiene que el cargo de fiscal superior «presume la responsabilidad de hacer el esfuerzo de informarse adecuadamente antes de trasladar a un documento de tanta trascendencia política y mediática afirmaciones como las realizadas que han causado un daño irreparable a la profesionalidad de los funcionarios deteriorando su imagen como empleados públicos».

El sindicato considera que el máximo responsable de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha realizado una acusación «tan irreflexiva y superficial como falsa» porque si se «hubiera molestado en comprobar el funcionamiento de la aplicación informática» que usan se hubiera percatado de que el fallo no es de ellos.

En su opinión, tendría que haberse detenido a «leer los escritos que le han sido remitidos por los trabajadores sobre las deficiencias de dicha aplicación» y así «habría descubierto fácilmente, que la razón de ese elevado número de delitos sin clasificar, también está en una aplicación nefastamente diseñada para los fines del funcionamiento de la Fiscalía».

Según explican, la aplicación, en el campo de Registro de Asuntos exige que se señale el hecho delictivo abriendo un desplegable con todos los delitos según relación facilitada por el Consejo General del Poder Judicial, y a continuación exige que ese delito se adscriba a alguno de los grupos de clasificación que, también, despliega la aplicación, sin permitir que se introduzcan manualmente.

«Es necesario señalar un grupo de adscripción porque, de lo contrario, la aplicación no permite continuar con el registro de asuntos», han señalado, destacando que estos grupos de adscripción de delitos son económicos, extranjería, libertad sexual, medio ambiente, seguridad vial, siniestrabilidad laboral, tráfico de drogas, violencia de género, violencia doméstica y uno último, llamado, «sin especificar».

Parece evidente, en su opinión, que muchos delitos como robos, amenazas o lesiones «no pueden agruparse en ninguno de los grupos de clasificación» y sólo pueden adscribirse al genérico de «sin especificar» para poder continuar con el registro. «Pero resulta más sencillo acusar a quienes se considera no se van a poder defender», ironizan.

Por ello, CC.OO. exige al fiscal la «inmediata rectificación» pública de la página 53 de la Memoria de la Fiscalía de Madrid «en el sentido de exonerar a los funcionarios de la Fiscalía de la acusación realizada así como la difusión de una nota informativa a los medios de comunicación en el mismo sentido».

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