Las CCAA del PP piden austeridad pero también 10 años más para pagar su deuda

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP aprobaron hoy una declaración en la que expresan su apuesta por la estabilidad presupuestaria y la contención del gasto público, al tiempo que reclaman 10 años de plazo para pagar las liquidaciones de la deuda correspondientes a 2008 y 2009.

Los presidentes de las comunidades gobernadas por el PP, que han proliferado tras las elecciones autonómicas celebradas el pasado 22 de mayo, suscribieron esta declaración tras reunirse en la sede nacional de la calle Génova con el presidente de la formación, Mariano Rajoy.

La declaración, de seis puntos, comienza exigiendo responsabilidades al Gobierno por «el incumplimiento de sus obligaciones especialmente por sus efectos sobre la liquidez». En este sentido, recuerda que el Gobierno es quién ha autorizado «la gran mayoría» del endeudamiento autonómico y tiene que aceptar los Planes de Reequilibrio y realizar su seguimiento. También le achaca que «gran parte de la deuda de las CCAA es consecuencia de las entregas a cuenta de los ejercicios 2008 y 2009 que el Gobierno no ha liquidado».

Para paliar este problema de liquidez del que responsabilizan al propio Gobierno, reivindican un aplazamiento a diez años de la devolución de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009, la estabilidad de los flujos de tesorería y el establecimiento de un procedimiento reglado de concesión de avales del Estado a las emisiones de deuda autonómica.

DEUDAS CON PROVEEDORES

Además, las comunidades del PP exigen «soluciones oportunas que generen credibilidad y confianza», y en este sentido propugnan la transparencia y subrayan la necesidad de saldar las deudas de las Administraciones con sus proveedores, verbi gratia pymes y autónomos. También advierten de que comprobarán personalmente «la realidad de estimación de ingresos del Presupuesto 2011».

En cualquier caso, las comunidades del PP «apoyan las reformas legislativas necesarias que garanticen la estabilidad presupuestaria mediante un nuevo marco de disciplina» y sugieren una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que establezca la obligatoriedad de austeridad para el conjunto del sector público, con techos de gasto y de endeudamiento y la obligación de aprobar el volumen máximo de beneficios fiscales.

Adicionalmente, vuelven a poner sobre la mesa la idea de un Plan Estratégico de racionalización del gasto corriente a cuatro años, con centrales de compras, acuerdos interautonómicos para la contratación conjunta de determinados bienes y servicios, reducción de los gastos de representación y publicidad, el parque móvil y el uso de los teléfonos móviles.

Por último, las comunidades del PP abanderan una reforma en profundidad del sector público que racionalice los servicios públicos, evite el solapamiento de las competencias y establezca una normativa sobre unidad de mercado. Sobre temas concretos, exigen al Gobierno que cumpla sus oblgaciones en la financiación de la Ley de Dependencia y piden «un programa de reequilibrio financiero para el Sistema Nacional de Salud que evite la morosidad inasumible».

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