Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cataluña son las únicas comunidades autónomas que están aplicando medidas legales contra el uso de cebos envenenados, según ha denunciado la organización WWF, tras confirmar recientemente la Audiencia Provincial de Madrid la condena por uso de cebos envenenados en la Finca de El Chiriví (Torrenueva, Ciudad Real).
Así, la ONG ha señalado que desde 2004 ha conocido cerca de 50 condenas penales en toda España, todas ellas en alguna de las regiones citadas y ha añadido que comunidades autónomas como Aragón, Asturias, Navarra o Madrid «no han dictado ninguna sanción administrativa», mientras que en las primeras se están aplicando medidas legales «con cierta regularidad, pero incluso en estas, la eficacia es muy desigual según las provincias».
Además, las administraciones ambientales han realizado en varias autonomías un mayor número de suspensiones de actividad cinegética; sanciones de multa y otras medidas administrativas recogidas en la normativa de caza o de conservación de la naturaleza. En su conjunto desde 2004 las sanciones o resoluciones adoptadas superan el centenar.
En este sentido, la organización destaca a Lérida, provincia que cuenta con nueve sentencias condenatorias por veneno, catorce personas condenadas y diez cotos de caza cerrados por esta causa, «gracias al eficaz trabajo» del grupo especializado en investigación en furtivismo y venenos del cuerpo de agentes rurales provinciales.
Para WWF, aunque el número de sentencias va aumentando progresivamente, gracias en buena parte al impulso que ha supuesto la reciente creación de las fiscalías de medio ambiente, sigue siendo insuficiente para disuadir de esta práctica ilegal.
A este respecto, el responsable del Programa de Biodiversidad terrestre de WWF España la Luis Suárez, ha destacado que es necesaria más eficacia en la persecución legal de estas conductas por las administraciones ambientales, ya que la vía administrativa es más ágil y operativa que la vía penal. «Gran parte de casos podrían terminar con una sanción administrativa si existe voluntad para ello», ha apostillado.
Por comunidades autónomas, WWF destaca que en Andalucía se han producido «resoluciones ejemplarizantes» en Almería, Cádiz, Málaga o Granada pero se «echan en falta» en provincias como Sevilla o Huelva, donde anteriormente sí se habían tomado este tipo de medidas.
ASTURIAS CONTRA EL LOBO
Por su parte, apunta que en Aragón «no existen» sanciones administrativas a pesar de haber casos «muy relevantes de veneno en los últimos años», al igual que en Asturias, donde el uso del veneno es, principalmente a manos de los ganaderos contra el lobo. Del mismo modo, en Canarias tampoco hay sanciones administrativas pese a que WWF dice que es «frecuente» el uso ilegal de cebos envenenados por parte de cazadores y agricultores.
Tampoco hay sanciones adminsitrativas por veneno en Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Murcia, País Vasco y Madrid (provincia con mayor número de casos de envenenamientos de águilas imperiales, junto con Toledo).
Mientras, en 2010 y 2011, de las cinco provincias castellano-manchegas suspendieron la actividad cinegética por casos de veneno y sancionaron algunos casos las provincias de Toledo y Albacete. En Castilla y León, en el mismo periodo, se emitieron resoluciones de suspensión de caza tras episodios de envenenamiento en varias provincias, como Avila y Salamanca, y se ha retirado una parte de las ayudas a algunos ganaderos a los que se ha probado el uso de veneno.
La organización destaca la «muy seria labor de persecución y sanción del uso de cebos envenenados» en la provincia de Lérida, pero no en el resto de provincias de Cataluña.
En cuanto a Extremadura, se conoce una resolución de suspensión de la caza por un caso grave de envenamiento que data de 2009. WWF agrega que en Islas Baleares «escasean estas resoluciones» y que el último cierre de coto de caza por veneno que conoce es de 2009.
La ONG destaca que en Navarra no hay sanciones administrativas por casos de cebos envenenados. El caso del alimoche es el más conocido en cuanto a su declive en zonas clave de la Comunidad, como Bárdenas (Navarra -Aragón), donde el número de parejas reproductoras caía de 56 en 1989 a 26 en 2007.
